El Congreso sancionó un Presupuesto General de la Nación que crece sin control, incorpora reprogramaciones polémicas y habilita aumentos sensibles, como los fondos para viajes del presidente Santiago Peña y los recursos electorales para el alquiler de máquinas de votación. El monto final aumenta en G. 435.907 millones frente a la versión enviada por el Ejecutivo.
Mientras reclama un incremento presupuestario del 34% y la creación de 891 cargos nuevos, la Corte Suprema de Justicia intenta justificar su pedido ante el Congreso en el peor momento de su imagen institucional: golpeada por la mafia de los pagarés, hundida en una mora judicial crónica, salpicada por denuncias de corrupción y sin lograr recuperar la credibilidad ciudadana.
La Cámara de Senadores aprobó una ampliación de G. 192.907 millones para el Instituto de Previsión Social (IPS). El presidente de la previsional, Jorge Brítez, habló sobre sus implicancias y aclaró, que, el refuerzo financiero no implicará aumento en el aporte de trabajadores ni jubilados.
La ministra de Obras Públicas presentó su plan de presupuesto para 2026 ante la Bicameral, pero su defensa volvió a quedar corta frente a los cuestionamientos: menos inversión, obras heredadas, maquillaje de cifras y ausencia de proyectos emblemáticos.
El Ejecutivo presentó un PGN de USD 18.900 millones, 12 % más que en 2025, con prioridad en áreas sociales. Pero el aumento ya abre tensiones con gremios, ministerios y el clientelismo estatal.
