PolíticaPGN 2026
La Corte Suprema llevó a la Bicameral un pedido de G. 2,338 billones para 2026, un 34% más que el presupuesto vigente y 22% por encima de lo que asignó el Poder Ejecutivo. El plan prevé creación de 891 cargos y aumentos salariales escalonados cuyo costo ronda G. 165.816 millones, con la promesa de modernizar la gestión judicial. El reclamo aterriza en un Poder Judicial de baja confianza pública y golpeado por causas como la "mafia de los pagarés", lo que reaviva el debate sobre si más recursos se traducen en mejor justicia.
Qué pidió la Corte y cuánto cuesta
El presidente de la Corte, César Diesel, defendió ante la Comisión Bicameral de Presupuesto un plan de G. 2,338 billones (alrededor de US$ 292 millones al tipo presupuestado). La propuesta supera en 22% la asignación del Ejecutivo (más de G. 1,9 billones) y supone un salto de 34% sobre el presupuesto vigente. La propia Corte desglosa que aproximadamente 75% de los fondos provendrían del Tesoro (FF10) y 25% de recursos institucionales (FF30).
Creaciones y aumentos: la letra chica
Según la exposición y la documentación oficial, el proyecto crea 891 cargos en áreas administrativas y jurisdiccionales. Además, plantea aumentos generales: 20% para quienes perciben entre G. 2,8 millones y G. 5 millones, 10% entre G. 5 y 10 millones y 5% para salarios por encima de G. 10 millones. El costo del paquete salarial fue estimado en G. 165.816 millones.
¿Por qué la Corte dice que necesita más?
La CSJ argumenta que el incremento apunta a modernización, fortalecimiento del capital humano e infraestructura, con metas de producción y mejoras en el expediente electrónico y registros (RUN). En su propio resumen de presupuesto 2026 la institución fija metas de resoluciones y detalla composición de gastos e ingresos, incluyendo la proyección de ingresos institucionales (FF30) para sostener servicios registrales.
El telón de fondo: desconfianza, mora y escándalos
El pedido llega cuando la confianza ciudadana en la Justicia sigue baja: 28% de paraguayos confía en el Poder Judicial, de acuerdo con Latinobarómetro 2024. A nivel de Estado de Derecho, Paraguay ocupa el puesto 100 de 142 en el Índice 2024 del World Justice Project, un síntoma de déficits en justicia civil, penal y control de la corrupción. En paralelo, la Justicia enfrenta el golpe reputacional de la "mafia de los pagarés", con jueces y funcionarios acusados y nuevas causas abiertas en octubre. Todo esto alimenta la percepción social de que la inversión no se traduce en una justicia pronta y eficaz.
Plantilla y masa salarial: el peso del factor humano
Para dimensionar la estructura, un material de la Bicameral (PGN 2025) consignaba 13.707 funcionarios permanentes en el Poder Judicial, distribuidos entre áreas jurisdiccionales, registrales y administrativas. Más allá de la diferencia de año, sirve como orden de magnitud para entender que el gasto en personal es el corazón del presupuesto judicial y explica por qué los aumentos y creaciones concentran la discusión.
La discusión política: 3% constitucional y prioridades
La Constitución (art. 249) garantiza autarquía presupuestaria a la Justicia y fija un piso del 3% del Presupuesto de la Administración Central. La Corte suele invocar esa cláusula en sus proyecciones, aunque año a año se discute cuál es la base de cálculo y si el piso se cumple efectivamente. Este año, además, la Bicameral revisa el pedido judicial mientras también escucha a otras instituciones (como la Defensa Pública y la Justicia Electoral), lo que abre una competencia por recursos en un contexto fiscal siempre estrecho.
¿Alcanza con más plata? Probar que el gasto cambia resultados
El talón de Aquiles del planteo judicial no es sólo el monto, sino el retorno público. Si bien el plan promete más resoluciones y modernización, la evidencia reciente muestra baja confianza, débil desempeño en indicadores de Estado de Derecho y escándalos que exponen fallas de control interno. Traducido: el incremento del gasto debería venir atado a metas verificables (tiempos de tramitación, tasa de congestión, sentencias por despacho, cobertura real del expediente electrónico, ejecución de metas en registros y mediación, entre otras) y a mecanismos de control y transparencia que inhiban prácticas como las detectadas en la "mafia de los pagarés".
