PolíticaÉpoca de protestas
El Ejecutivo presentó un PGN de USD 18.900 millones (12 % más que en 2025), con énfasis en educación, salud, seguridad y protección social. Sin embargo, en un contexto marcado por el descontento de docentes y la puja por recursos, emergen ya tensiones entre sectores estatales, ministerios y sindicatos que reclaman mayor justicia distributiva ante el avance del clientelismo y el gasto rígido.
Crecimiento presupuestario y prioridades
El Proyecto del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2026 fue presentado este lunes 25 de agosto por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. El documento establece un monto total de USD 18.900 millones, lo que representa un incremento del 12 % en relación con el plan de gastos de 2025, equivalente a unos USD 2.000 millones adicionales.
El Gobierno destaca que se trata de un presupuesto con un fuerte énfasis en áreas sociales. De acuerdo con lo detallado, los mayores incrementos se concentran en educación, salud, seguridad y programas de protección social. También figuran como beneficiados el sistema de jubilaciones, el servicio de la deuda, y entes estratégicos como la ANDE, el Banco Nacional de Fomento, la Agencia Financiera de Desarrollo y el IPS. Además, se proyectan recursos significativos para el programa Hambre Cero, uno de los ejes sociales del Ejecutivo.
El presupuesto cumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece límites al déficit. Para 2026 se proyecta un rojo del 1,5 % del PIB, menor al 1,9 % con que se espera cerrar 2025. Asimismo, se prevé una inversión pública de USD 1.672 millones, de los cuales más de USD 600 millones corresponden al Ministerio de Obras Públicas. En paralelo, se incluyeron USD 236 millones para aumentos salariales, principalmente destinados a sectores priorizados.
El inicio de la temporada de reclamos
La presentación del presupuesto abre, como cada año, la etapa de movilizaciones de sindicatos y gremios que buscan mejorar sus condiciones. Los docentes fueron los primeros en marcar la agenda con una huelga en agosto, en reclamo de un reajuste salarial del 21,11 %. Tras dos días de paro y negociaciones, lograron un compromiso del Gobierno para destinar USD 9 millones adicionales al escalafón docente, aunque la suba generalizada quedó en apenas 3,6 %.
No obstante, las organizaciones docentes ya adelantaron que no descartan nuevas medidas de presión si el Congreso no amplía los fondos para infraestructura educativa y bonificaciones. En el mismo sentido, médicos, funcionarios de la salud y sindicatos estatales se preparan para reclamar mayores asignaciones, mientras que sectores como el judicial y el policial también analizan presentar sus demandas. Todo indica que el debate legislativo estará acompañado de una intensa actividad sindical en las calles.
La puja entre ministerios y el peso del clientelismo
En paralelo a las reivindicaciones gremiales, se abre una disputa interna entre ministerios y entidades estatales por la distribución de los recursos. El senador Silvio Ovelar, presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, advirtió que los márgenes de maniobra son limitados y que la mayor parte de los ingresos sigue destinada a gastos rígidos como salarios, jubilaciones y pensiones.
La presión por ampliar partidas también pone en evidencia un problema estructural: el uso del presupuesto como herramienta clientelar. Buena parte del gasto público sirve para sostener a miles de funcionarios y operadores políticos, lo que reduce la capacidad del Estado de destinar recursos a políticas de desarrollo. Aunque el Ejecutivo celebra una reducción en la proporción de ingresos destinada a salarios —del 65 % en 2025 al 62 % proyectado en 2026—, la carga sigue siendo elevada y es una de las principales tensiones de fondo en cada discusión presupuestaria.
Desafíos de la convergencia fiscal y la política
El Ejecutivo pretende avanzar con su plan de convergencia fiscal, que busca reducir gradualmente el déficit y consolidar la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, el gran desafío será conciliar esa disciplina con las demandas sociales y políticas que ya comenzaron a intensificarse.
El presupuesto de 2026 llega con la promesa de más inversión en áreas sensibles y una reducción paulatina del gasto rígido, pero también con el riesgo de que los reclamos gremiales y las disputas entre ministerios generen modificaciones significativas en el Congreso. En este escenario, el verdadero pulso del debate no estará solo en los números, sino en la capacidad del Gobierno y de los legisladores de responder a las necesidades ciudadanas sin ceder ante las presiones clientelares que históricamente han condicionado al Estado paraguayo.
