PolíticaVa al Ejecutivo
El proyecto aprobado por Diputados sin modificación alguna a lo resuelto por el Senado configura un PGN 2026 que asciende a G. 149,5 billones. Esto representa una suba equivalente a unos USD 55,3 millones sobre la versión inicial remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas. El incremento se enmarca en un contexto de reclamos por prioridades desalineadas y un gasto público que continúa expandiéndose, pese a las advertencias técnicas sobre la sostenibilidad fiscal.
Aumentos para la Presidencia
Uno de los puntos más discutidos dentro de las reprogramaciones aprobadas es el aumento de G. 1.778 millones destinados a cubrir la agenda internacional del presidente Santiago Peña. Los montos asignados a viajes ya venían siendo objeto de críticas por su frecuencia y por la concentración de misiones al exterior. La ampliación refuerza la percepción de que la estructura de gastos vinculada a la Presidencia mantiene un crecimiento constante pese a su bajo impacto en servicios directos a la ciudadanía.
Recursos electorales y el peso del TSJE
El PGN sancionado restituye además los recursos necesarios para alquilar las máquinas de votación que serán utilizadas en las elecciones municipales del 2026. Esta reprogramación, que había sido objeto de debate tras la fallida licitación de compra, vuelve a colocar en agenda el elevado costo operativo del Tribunal Superior de Justicia Electoral en un año clave para la disputa interna de los partidos. La reposición del monto fortalece al organismo electoral pero también incrementa la presión sobre el total del gasto.
Suba para Salud y reasignaciones claves
El Ministerio de Salud Pública recibe un aumento de G. 100.000 millones respecto a la propuesta del Poder Ejecutivo, alcanzando así un total de G. 10,2 billones. El incremento se justifica en la necesidad de fortalecer hospitales regionales, ampliar programas de atención y cubrir déficits operativos. No obstante, especialistas señalan que las subas, aunque significativas, siguen siendo insuficientes para enfrentar el deterioro acumulado en infraestructura, insumos y recursos humanos.
Ajustes en Educación
El Ministerio de Educación y Ciencias también obtiene un incremento adicional de G. 17.000 millones dentro del PGN final. De este monto, G. 15.000 millones están asignados al programa Letrinas Cero en escuelas, mientras que otros G. 2.000 millones fortalecerán las supervisiones regionales. Si bien la reasignación busca atender áreas históricamente deficitarias, la ejecución efectiva dependerá de la capacidad del MEC para traducir estos ajustes en mejoras palpables en infraestructura escolar.
Recortes al MOPC y transferencia de fondos
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones vuelve a ser uno de los más castigados en el debate presupuestario. Legisladores decidieron reducir aún más sus recursos y redirigir partidas hacia otros sectores como el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, así como a la Universidad Nacional de Asunción y otras instituciones que solicitaron ampliaciones. Los recortes a Obras Públicas se dan en medio del atraso en pagos a contratistas, obras discontinuadas y un clima de incertidumbre respecto a la inversión física del Gobierno para el próximo año.
Una sanción sin ajustes desde Diputados
La Cámara de Diputados aprobó el PGN 2026 tal cual lo dejó el Senado, sin incorporar ningún ajuste propio. La decisión revela una postura de acompañamiento pleno a la Cámara Alta y una voluntad política de cerrar el trámite sin controversias adicionales. Con esta sanción, el proyecto queda ahora en manos del presidente Santiago Peña, quien deberá promulgarlo, vetarlo parcial o totalmente, o introducir correcciones si considera que algunas reprogramaciones no se ajustan a los lineamientos del Ejecutivo.
El desafío que se proyecta
El presupuesto sancionado exhibe un crecimiento general que se combina con prioridades discutidas, aumentos sensibles y recortes estructurales en sectores clave. Para analistas del área económica, el PGN 2026 refuerza un patrón de expansión sin una estrategia clara de eficiencia del gasto y sin abordar reformas institucionales que podrían contener la presión fiscal. El próximo año pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para administrar un plan financiero que, aunque más grande, no necesariamente es más equilibrado.
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