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Con las modificaciones, el documento vuelve ahora a Diputados, que deberá revisarlo nuevamente antes de una eventual sanción final.
El punto de partida del debate fue la propuesta elaborada por la Comisión de Hacienda del Senado, que fijó el gasto total en G. 149,7 billones —unos USD 19.000,6 millones—, lo que implica USD 71,9 millones más que la versión inicial de G. 149,1 billones (USD 18.928,7 millones). La cifra también representa un aumento del 12,4% respecto al presupuesto vigente, equivalente a unos USD 2.098 millones adicionales.
Uno de los primeros rubros analizados fue el de la Presidencia de la República, que ya contemplaba ampliaciones para cubrir los viajes del mandatario Santiago Peña, por G. 1.778 millones. A esto, el pleno sumó otros G. 22.000 millones y G. 3.000 millones para restituir recursos de la Secretaría de Deportes. Las propuestas de las opositoras Esperanza Martínez y Yolanda Paredes para recortar gastos reservados y redirigirlos a Salud fueron finalmente desestimadas.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recibió una poda de G. 5.000 millones, fondos que serán redireccionados a necesidades del sistema sanitario. Con este ajuste, el MEF quedaría en G. 25,1 billones, destinados mayoritariamente al servicio de la deuda pública y a la Caja Fiscal. La preocupación por el creciente endeudamiento y la falta de eficiencia en el uso de los recursos marcó buena parte de la sesión, con reclamos de mayor transparencia y prudencia del gasto expresados por legisladores como Mario Varela, Ignacio Iramain y Rafael Filizzola.
Uno de los debates más intensos estuvo centrado en la Justicia Electoral. Tras varias objeciones, la mayoría decidió reponer G. 193.268 millones recortados en instancias previas y sumar G. 10.000 millones adicionales, con el objetivo de garantizar el alquiler de máquinas de votación para las municipales del 2026. La discusión volvió a dividir posturas entre quienes buscan mantener el sistema electrónico y quienes plantean el retorno a las papeletas.
Otros incrementos aprobados incluyen G. 8.200 millones para el Ministerio de Desarrollo Social, G. 5.000 millones para el Ministerio de la Niñez y G. 2.995 millones para el Consejo de la Magistratura, entre varios ajustes distribuidos en distintas áreas.
El Ministerio de Salud fue nuevamente uno de los focos de disputa. La propuesta original del Ejecutivo fijaba su presupuesto en G. 10,1 billones, pero tras los sucesivos cambios pasará a cerca de G. 10,2 billones. Hacienda había sugerido una ampliación de G. 92.000 millones y el pleno agregó otros G. 3.000 millones, completando casi G. 100.000 millones más que lo planteado inicialmente por el MEF. Dentro de estos aumentos figuran G. 2.500 millones para alimentos en el Ineram y G. 2.500 millones para medicamentos en el Hospital Acosta Ñu.
Educación también obtuvo un refuerzo: se sumaron G. 17.000 millones al proyecto inicial, de los cuales G. 15.000 millones serán destinados al programa Letrinas Cero y G. 2.000 millones para supervisiones regionales.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) volvió a ser objeto de recortes. Se dispuso la transferencia de G. 67.000 millones hacia el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), que así alcanzará un presupuesto total de G. 812.413 millones. Además, el MOPC perdió otros G. 7.000 millones, que se derivarán a la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNA. Las universidades públicas del interior también salieron beneficiadas, con un incremento conjunto de G. 30.000 millones respecto al plan del Ejecutivo.
Con el PGN 2026 aprobado en el Senado, el documento aguarda ahora el análisis en Diputados. Si la Cámara Baja rechaza las modificaciones, el proyecto volverá al Senado, que tendrá la última palabra antes de su remisión al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual veto.
