Congreso sanciona el PGN 2026 y remite la ley al Poder Ejecutivo

El Congreso Nacional cerró este martes el trámite legislativo del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026 y dejó en manos del presidente Santiago Peña la decisión final: promulgar la ley, vetarla total o parcialmente, o dejar que entre en vigencia por promulgación automática en los plazos establecidos por la Constitución. La Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, aceptó sin introducir nuevas modificaciones la versión aprobada días atrás por la Cámara de Senadores, con lo que quedó sancionada la norma y se dispuso su remisión al Poder Ejecutivo.

El plan de gastos para 2026 se fija en torno a los 149,7 billones de guaraníes, equivalentes a unos 19.000 millones de dólares, luego de las reprogramaciones y aumentos incorporados durante el tratamiento parlamentario. El proyecto original remitido por el Ministerio de Economía y Finanzas establecía un monto de 149,1 billones de guaraníes (alrededor de 18.900 millones de dólares), con un crecimiento del orden del 12% respecto al presupuesto vigente de 2025. Las sucesivas rondas de estudio en Diputados y Senadores sumaron incrementos cercanos a los 70 millones de dólares sobre la versión del Ejecutivo, con énfasis en salud, educación, protección social, seguridad interna y gobernaciones.

En la recta final del debate, la Cámara de Senadores aprobó un paquete de ampliaciones y reprogramaciones que acabaron marcando el texto definitivo al que hoy se allanó Diputados. Para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se fijó un presupuesto de alrededor de 10,26 billones de guaraníes, al que se añadió una reprogramación de 5.000 millones, además de refuerzos específicos de 2.500 millones de guaraníes para el INERAM (alimentos) y otros 2.500 millones para medicamentos del Hospital Acosta Ñu. El Ministerio de Educación y Ciencias quedó con un plan de 10,39 billones de guaraníes, con un adicional de 17.000 millones para el programa "Letrina cero" y para fortalecer las supervisiones regionales.

En el área social, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia recibirá 5.000 millones de guaraníes adicionales sobre su presupuesto de poco más de 130.000 millones, destinados a programas de protección y atención directa. La Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN) fue otra de las beneficiadas con el dictamen del Senado, que sumó 25.000 millones para gastos misionales. El Instituto de Previsión Social (IPS), por su parte, tendrá un presupuesto superior a los 13,1 billones de guaraníes, con un incremento específico de 45.000 millones en la fuente de financiamiento 30, lo que apunta a reforzar prestaciones y compromisos financieros del ente previsional.

El componente de seguridad interna también fue una de las prioridades al cierre del tratamiento. Para la Policía Nacional se aprobó un aumento de 564.000 millones de guaraníes con recursos del Tesoro, destinados a la incorporación de unos 5.200 nuevos agentes. Las Fuerzas Armadas, en tanto, recibirán 193.000 millones adicionales para financiar el ingreso de alrededor de 1.000 soldados profesionales. A nivel de gobiernos subnacionales, las gobernaciones de Caaguazú y Central lograron incrementos de 4.000 y 5.000 millones de guaraníes, respectivamente, mientras que la Universidad Nacional de Asunción sumó 11.000 millones a su presupuesto, en tanto las universidades del interior mantuvieron las mejoras acordadas en la Comisión Bicameral.

Uno de los puntos más sensibles del PGN 2026 fue la reposición de los recursos para la organización de las elecciones municipales del año próximo. El Senado decidió restituir al Tribunal Superior de Justicia Electoral una partida de 193.268 millones de guaraníes para el alquiler de las máquinas de votación, además de un refuerzo de 10.000 millones de guaraníes en su estructura presupuestaria, decisión que finalmente quedó consolidada con la sanción de la ley. La discusión sobre la financiación del sistema electoral se dio en paralelo a la defensa política del modelo de listas desbloqueadas y voto electrónico, que la conducción de Diputados insistió en mantener.

En otras áreas, el texto sancionado recoge reprogramaciones en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, vinculadas al traslado de recursos hacia el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat para fortalecer el Fondo para la Vivienda (FONAVIS) y apuntalar programas habitacionales. También introduce incrementos para la Defensoría del Pueblo, la Sindicatura General de Quiebras y la Secretaría Nacional de Deportes, así como una posterior reorientación de 3.000 millones de guaraníes desde la Presidencia de la República hacia la Secretaría Nacional de la Juventud.

Con la sesión extraordinaria de este martes, Diputados cerró el tercer trámite constitucional del PGN 2026 al ratificarse en la versión de la Cámara Alta y, de ese modo, dejó firme un presupuesto que ya incorporaba incrementos salariales y de estructura para el Poder Judicial, el Ministerio Público y otros órganos extrapoder acordados en la primera vuelta de tratamiento. Los intentos de la oposición por recortar los gastos reservados de la Presidencia de la República y otras áreas consideradas opacas no prosperaron en ninguna de las etapas, por lo que dichos rubros se mantienen en el plan financiero.

Desde ahora, el proyecto sancionado pasa al Poder Ejecutivo, que dispondrá de los plazos constitucionales —de hasta veinte días hábiles en el caso de leyes extensas— para decidir si acompaña íntegramente el presupuesto, si plantea objeciones parciales sobre determinados artículos o si recurre a un veto total, lo que reabriría el debate en ambas Cámaras. En cualquiera de los escenarios, el PGN 2026 se configura como la hoja de ruta presupuestaria del Gobierno para el segundo año de gestión de Peña, con una expansión del gasto público concentrada en salud, educación, protección social, seguridad y el financiamiento del calendario electoral, pero también con críticas por el aumento de compromisos y la falta de recortes en áreas sensibles como los gastos reservados y ciertos privilegios salariales dentro del Estado.