PolíticaDictámen definitivo
La Comisión Bicameral de Presupuesto emitió su dictamen final y recomendó un aumento de 170.000 millones de guaraníes al Presupuesto General de la Nación 2026. El monto total se eleva así a 149,3 billones de guaraníes, con énfasis en salud, educación e infraestructura. La decisión fue defendida por los legisladores oficialistas como una medida prudente y equilibrada, mientras que desde la oposición surgieron críticas por la falta de precisión en las fuentes de financiamiento y la baja ejecución de ciertos programas sociales.
El alcance del dictamen
La Bicameral, presidida por el senador Silvio "Beto" Ovelar, cerró su estudio tras varias semanas de análisis y audiencias con autoridades de diferentes ministerios. El dictamen eleva en 170.000 millones el proyecto original remitido por el Poder Ejecutivo, pero se mantiene dentro del límite de déficit fiscal del 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto, fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Según los técnicos, el aumento representa un margen manejable que no compromete la estabilidad financiera del Estado, aunque amplía la capacidad de ejecución de sectores sensibles como la salud pública y la educación.
La comisión justificó su decisión argumentando que los pedidos de ampliaciones fueron numerosos, pero que era necesario priorizar lo urgente. En ese sentido, los aumentos se concentraron en instituciones que enfrentan una sobredemanda de servicios o que requieren fondos para culminar obras iniciadas.
Cómo se distribuirá el aumento
El refuerzo presupuestario se destinará principalmente a tres áreas: salud, educación y obras públicas. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social contará con recursos adicionales para fortalecer los servicios hospitalarios, cubrir necesidades salariales y continuar con programas de infraestructura sanitaria. En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación y Ciencias recibirá fondos para la implementación del escalafón docente y la mejora de infraestructura escolar, mientras que las universidades nacionales serán beneficiadas con una ampliación de 60.000 millones de guaraníes, distribuidos entre la Universidad Nacional de Asunción y las universidades del interior del país.
También fueron restituidas las transferencias a organizaciones sin fines de lucro que habían sido recortadas en el proyecto inicial. El monto total asignado a este rubro asciende a 37.084 millones de guaraníes, lo que representa un aumento de 6.900 millones con relación al texto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio Público, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y el Ministerio de Obras Públicas figuran entre las instituciones que igualmente recibirán incrementos para financiar nivelaciones salariales, gastos operativos e inversiones.
Lo que presentó el Ejecutivo
El proyecto original del Ejecutivo, remitido al Congreso a comienzos de septiembre, estimaba un gasto total de 149,2 billones de guaraníes, equivalente a unos 18.900 millones de dólares. Representaba un crecimiento del 12 por ciento respecto al presupuesto vigente, con prioridades centradas en la protección social, la educación, la salud y la seguridad ciudadana. El Ministerio de Economía y Finanzas había defendido el plan como un presupuesto realista, ajustado al crecimiento de los ingresos tributarios y a las metas macroeconómicas del Gobierno.
Dentro de las asignaciones principales del plan se incluyen recursos para ampliar la cobertura de adultos mayores, incorporar cinco mil nuevos agentes policiales, reajustar los salarios docentes, reforzar la atención del Instituto Nacional del Cáncer y financiar obras de infraestructura a través de bonos soberanos por más de 1.300 millones de dólares. La intención del Ejecutivo fue mantener la meta de déficit en 1,5 por ciento del PIB y priorizar la inversión en capital humano y social.
Reacciones políticas y cuestionamientos
El dictamen generó posiciones encontradas dentro del Congreso. Los representantes del oficialismo defendieron que el incremento es responsable y está enfocado en áreas estratégicas que requieren respuestas inmediatas. Aseguraron que el aumento no pone en riesgo las metas fiscales y que permitirá cubrir demandas postergadas en servicios esenciales. Sin embargo, sectores de la oposición advirtieron que el aumento, aunque moderado, podría carecer de respaldo financiero claro y cuestionaron la baja ejecución de los recursos asignados a programas sociales en el ejercicio 2025.
Algunos legisladores opositores también señalaron que el proceso de priorización excluyó proyectos de desarrollo comunitario y recortó inicialmente los fondos para organizaciones civiles, los cuales fueron restituidos recién tras fuertes reclamos. Las críticas se centraron en que el Gobierno busca exhibir sensibilidad social sin resolver el problema estructural de la ejecución presupuestaria y de la dependencia del endeudamiento público.
El circuito legislativo a partir del dictamen
Con el dictamen aprobado, el proyecto del Presupuesto General de la Nación 2026 pasa ahora a la Cámara de Diputados, que deberá debatirlo en el pleno. De acuerdo con el procedimiento constitucional, la cámara baja dispone de hasta quince días para su tratamiento. Luego, el texto pasará al Senado, que también podrá introducir modificaciones o ratificar la versión aprobada por Diputados. Si ambas cámaras aprueban diferentes versiones, el documento volverá a la cámara de origen para definir la versión final.
Una vez sancionada la ley, el Poder Ejecutivo podrá promulgarla o ejercer objeción parcial. Si el Ejecutivo presenta objeciones, el Congreso tendrá la posibilidad de insistir con mayoría simple. El cronograma político prevé que el estudio completo concluya antes del 20 de diciembre, para garantizar la promulgación dentro del año fiscal y permitir que el presupuesto entre en vigencia a partir del 1 de enero de 2026.
Perspectivas y desafíos
Con el dictamen de la Bicameral, el presupuesto 2026 mantiene el equilibrio macroeconómico y amplía su enfoque social. Sin embargo, la ejecución será determinante para que los aumentos aprobados se traduzcan en mejoras concretas. El Gobierno apuesta a que la inversión en salud, educación e infraestructura genere mayor impacto en la población, pero los desafíos de transparencia, control y eficiencia siguen siendo los principales factores que definirán el éxito de este plan fiscal.
El debate legislativo que se abre ahora pondrá a prueba la capacidad política del oficialismo para sostener su proyecto económico frente a una oposición que exige mayor rendición de cuentas y un uso más equitativo de los recursos públicos. El cierre del año fiscal se perfila así como una etapa clave para definir no solo los números del presupuesto, sino también las prioridades reales del país en 2026.
