El Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026 ingresa en una etapa crítica en el Congreso Nacional, puesto que la Comisión Bicameral del Presupuesto retomará mañana jueves el debate sobre las ampliaciones que distintas instituciones del Estado han solicitado, mientras se aproxima el plazo del 30 de octubre para emitir el dictamen que será elevado a ambas cámaras.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo asciende a aproximadamente G. 149,2 billones, equivalentes a unos USD 18.928 millones, lo que representa un incremento cercano al 12 % con relación al presupuesto inicial del año 2025. Este aumento se da en el contexto de un retorno al límite de déficit fiscal del 1,5 % del PIB, conforme a la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió que no existen márgenes para revertir esa regla ni para autorizar desvíos que comprometan el proceso de convergencia fiscal, que fue la principal promesa económica del gobierno para 2026.
Las instituciones piden más de lo que el Estado puede costear
Las demandas de recursos adicionales por parte de las instituciones públicas han alcanzado niveles que, en opinión de varios legisladores y del propio MEF, resultan incompatibles con el techo de gasto establecido.
El presidente de la Comisión Bicameral, senador Silvio Ovelar, reconoció que los pedidos formales ya suman cerca de USD 190 millones, y que, si se toman en cuenta las solicitudes informales, el monto supera los USD 300 millones.
Este volumen de reclamos, de prosperar, obligaría al Gobierno a realizar recortes drásticos en otras áreas o a recurrir a mayor endeudamiento, con el riesgo de romper la meta fiscal impuesta por ley.
Qué rol cumple la Comisión Bicameral
La Comisión Bicameral del Presupuesto no tiene poder de decisión definitiva sobre el Presupuesto General, sino la responsabilidad de analizar, ordenar los pedidos institucionales y elaborar un dictamen que luego será remitido al pleno de ambas cámaras del Congreso.
Los senadores y diputados que integran esta comisión desarrollan audiencias y reuniones de trabajo cada lunes y jueves. Según el cronograma vigente, el dictamen será presentado el 30 de octubre, de modo que los plenos de la Cámara de Diputados y del Senado puedan tratar el proyecto antes del cierre del año fiscal.
Reclamos por falta de transparencia en el debate
Una parte del debate sobre el PGN 2026 se desarrolla a puertas cerradas, sin transmisión pública, lo que ha generado críticas de la prensa y de organizaciones civiles.
Reclaman que un proceso de tal relevancia debería ser completamente abierto, especialmente por el impacto que tendrá sobre la distribución de recursos en el próximo año.
A pesar de esto, los principales medios de comunicación han accedido a los datos centrales y al contenido de las sesiones, revelando un panorama de alta tensión entre las necesidades institucionales y las restricciones fiscales que el Ejecutivo busca mantener.
Las prioridades del Gobierno
El proyecto oficial del MEF destina mayor parte de los fondos a educación, salud, protección social, seguridad e inversión pública.
Estas áreas son consideradas prioritarias por el Ejecutivo y constituyen el núcleo del discurso de "orden fiscal con crecimiento sostenible" impulsado por el presidente Santiago Peña.
Sin embargo, otras instituciones, entre ellas las universidades públicas, los gobiernos departamentales y algunos organismos autónomos, reclaman refuerzos para funcionamiento, infraestructura y salarios.
La Universidad Nacional de Asunción, por ejemplo, presentó un requerimiento de más de G. 1,8 billones, apenas superior al de 2025, pero que, en conjunto con las demás solicitudes, incrementa el peso del gasto corriente.
La importancia de sostener el límite fiscal
La estrategia del Ministerio de Economía y Finanzas apunta a mantener la credibilidad macroeconómica y evitar un crecimiento desordenado del gasto permanente.
Cumplir la meta de déficit del 1,5 % del PIB es una señal de disciplina hacia los mercados, los organismos internacionales y la ciudadanía.
El MEF insiste en que cualquier aumento debe financiarse con reasignaciones dentro del mismo presupuesto o con ingresos adicionales comprobados, sin recurrir a nuevo endeudamiento.
"No hay margen para expandir el déficit", fue la frase más repetida por los técnicos de la cartera económica durante las audiencias ante la Comisión.
Los escenarios posibles
El desenlace del debate presupuestario podría tomar tres caminos.
El primero es que la Comisión Bicameral emita un dictamen equilibrado, manteniendo intacto el límite de déficit y recomendando aprobar el proyecto sin aumentos adicionales, permitiendo solo reasignaciones internas. Este parece el escenario más probable.
El segundo sería un dictamen intermedio que contemple aumentos selectivos para sectores como salud, seguridad y educación, siempre que sean compensados con recortes en otras partidas. Este escenario es posible, aunque difícil de sostener políticamente.
Y el tercero, menos probable, implicaría que el Congreso apruebe incrementos sin fuente de financiamiento, desbordando el tope fiscal y obligando al Ejecutivo a aplicar vetos o recortes durante la ejecución.
Por qué este debate es clave
El tratamiento del PGN 2026 es fundamental por varias razones.
Marca la pauta de disciplina fiscal que el Gobierno pretende imponer en los próximos años, determina las prioridades nacionales de inversión y pone a prueba la transparencia del Congreso.
Si se logra mantener el déficit dentro del 1,5 % del PIB, Paraguay reforzará su reputación como país con manejo responsable de las finanzas públicas, incluso en medio de fuertes presiones sectoriales.
Pero si el Congreso cede ante los pedidos y aprueba aumentos por encima del tope, el país podría enfrentar tensiones financieras que comprometan su estabilidad económica en el corto plazo.
Lo que se espera en los próximos días
Según lo confirmado hasta este miércoles 22 de octubre, la Comisión Bicameral volverá a sesionar mañana jueves para cerrar los últimos puntos del dictamen.
El proyecto del Ejecutivo asciende a G. 149,2 billones, equivalentes a unos USD 18.928 millones.
Las solicitudes formales de ampliación ya superan los USD 190 millones y, con los pedidos adicionales, la cifra total pasa los USD 300 millones.
El Ministerio de Economía y Finanzas ratifica que el déficit no podrá superar el 1,5 % del PIB y que toda mejora presupuestaria deberá resolverse mediante reasignaciones.
La presentación final del dictamen ante las cámaras está prevista para el 30 de octubre, cuando el Congreso asumirá la responsabilidad política de decidir si impone disciplina fiscal o cede ante la presión de las instituciones.



