El ministro Jalil Rachid señaló en una entrevista radial que Paraguay cuenta con herramientas constitucionales para actuar ante eventuales filtraciones o irregularidades, y destacó que la cooperación con el organismo estadounidense continúa de forma coordinada.
Paraguay cerró el 2025 sin avances en la lucha contra la corrupción y volvió a ubicarse entre los peores evaluados a nivel mundial, según el último Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional.
Un Tribunal de Apelación Especializado resolvió dejar sin efecto la desestimación de la causa abierta contra el ex presidente del Instituto de Previsión Social, Vicente Bataglia, y ordenó que el Ministerio Público continúe con la investigación por las presuntas irregularidades detectadas en la previsional, que habrían generado un supuesto daño patrimonial superior a 1,6 billones de guaraníes.
La articulación entre sectores colorados y liberales, conocida en los pasillos como un "pacto azulgrana", terminó garantizando la impunidad de jefes comunales que enfrentaban cuestionamientos graves desde sus propias juntas municipales.
La homilía central por la Virgen de Caacupé volvió a convertirse en un fuerte pronunciamiento político, social y moral de la Iglesia, con duras advertencias contra la corrupción, el acaparamiento de bienes y la indiferencia del poder, en una jornada marcada también por la segunda ausencia consecutiva del presidente Santiago Peña, interpretada por amplios sectores como una señal de evasión al clamor social.
Un informe expuesto ante la Comisión Bicameral del Congreso volvió a dejar al descubierto la magnitud de los desajustes y manejos irregulares en diversas instituciones públicas.
Los golpes afectaron estructuras claves dedicadas a abastecer el mercado doméstico.
El senador José Oviedo, referente del movimiento Yo Creo, pidió que la Cámara Alta tome cartas en el explosivo señalamiento hecho por el colorado oficialista Carlos Núñez, quien acusó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional de operar esquemas de recaudación ilegítima.
La denuncia del senador Carlos Núñez sacudió al Congreso y al propio oficialismo, al señalar al ministro Enrique Riera y al comandante Carlos Humberto Benítez como parte de un presunto esquema de cobros millonarios para aprobar polígrafos y facilitar ascensos policiales, en un episodio que abrió una crisis interna y encendió todas las alarmas en el sistema de seguridad.
El reciente dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera revela una combinación explosiva de nombramientos sin respaldo legal, bienes públicos convertidos en botín privado y un entramado de control interno que no existe.
La movilización autoconvocada de la Generación Z marcó un quiebre en el microcentro asunceno, donde cientos de jóvenes sin banderas partidarias exigieron un Paraguay más justo y lanzaron un mensaje claro a las autoridades: el hartazgo ciudadano ya no admite indiferencia ni respuestas vacías.
El grupo de jóvenes denominado "GEN Z PARAGUAY" convocó a una manifestación para el próximo 28 de septiembre frente al Congreso Nacional, lo que encendió las alarmas en las autoridades de seguridad.
La senadora sostuvo que el oficialismo busca evitar que suplentes de Cruzada Nacional ocupen bancas. Además, calificó como "coacción" las declaraciones de Norma Aquino contra sus colegas.
La revuelta ciudadana en Nepal, con incendios en sedes del poder y un régimen puesto en jaque, reavivó el debate sobre los límites del hartazgo social. En Paraguay, el politólogo Camilo Filártiga advierte que la corrupción, la desigualdad y la precariedad conforman una bomba de tiempo que podría desencadenar una crisis profunda.
Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que busca poner fin a la delegación de funciones en el sistema de tránsito y devolver al Estado el control exclusivo sobre la emisión de licencias de conducir.
