PolíticaInforme de Contraloría
Técnicos de la Contraloría General de la República presentaron un desglose de los hechos punibles detectados desde el 2019, un periodo en el que se reunieron 216 casos que, en conjunto, comprometen unos USD 759 millones. Solo en lo que va del presente año, la entidad ya remitió 28 reportes que suman USD 16 millones, lo que confirma que la tendencia de irregularidades continúa instalada en varios organismos del Estado.
Durante la sesión, el contralor Camilo Benítez contextualizó el trabajo desarrollado por el ente, señalando que las auditorías abarcan desde municipios de escasos recursos hasta empresas públicas de gran porte. Entre los episodios más llamativos mencionados por los técnicos figura el caso del Incan, que ya fue trasladado íntegramente al Ministerio Público para una investigación penal. También fue puesto bajo la lupa el estado financiero de Copaco. Según Benítez, la compañía llegó a poseer acciones valuadas en G. 79.000 millones, pero la falta de control terminó por reducir ese patrimonio a cero, un desplome que la Contraloría considera urgente esclarecer.
Las observaciones también alcanzaron a municipios y entidades sociales. La Municipalidad de Los Laureles fue cuestionada por la emisión de cheques a nombre de funcionarios y por obras ejecutadas en propiedades privadas. En el caso del INDI, se detectaron irregularidades en la rendición de cuentas y en transferencias a comunidades indígenas sin documentación adecuada. Otro caso se dio en Isla Umbú, donde liberaron pagos a nombre de la tesorera municipal en lugar de los acreedores reales.
El Instituto de Previsión Social volvió a aparecer entre los entes con señalamientos críticos. La Contraloría identificó pagos realizados a jubilados fallecidos y, ante la falta de respuestas satisfactorias del IPS, decidió enviar toda la documentación a la Fiscalía. La preocupación dentro del organismo de control también se concentra en la protección de datos y sistemas informáticos: según uno de los técnicos, muchos municipios y entidades pequeñas no destinan recursos para mejorar su seguridad digital, lo que deja expuesta información sensible.
De acuerdo con lo expuesto en la Bicameral, la Contraloría mantiene operativos siete equipos de auditoría dentro del IPS, aunque aclararon que dicho ente no cuenta con auditorías financieras o de cumplimiento. En cambio, Petropar sí está sometida a exámenes de carácter financiero y la ANDE registra fiscalizaciones especiales, especialmente de ejecución inmediata cuando surgen alertas de riesgo.
Otro caso que llamó la atención fue el de Senadis, donde se constató un manejo deficiente respecto a medicamentos sujetos a control estricto. La falta de seguimiento habría generado el riesgo de que estos productos terminen en circuitos que puedan fomentar la adicción en jóvenes, situación que motivó pedidos formales de información a la Secretaría Nacional Antidrogas.
Sobre la deuda acumulada con las empresas viales, el contralor señaló que la raíz del problema está en licitaciones realizadas en años anteriores sin el respaldo presupuestario correspondiente. Las obras se adjudicaban, las empresas avanzaban, pero los pagos no llegaban, generando un endeudamiento progresivo en el sistema financiero y, en consecuencia, intereses que distorsionaron aún más las cifras finales.
El informe presentado ante los legisladores vuelve a poner en evidencia la necesidad de fortalecer los controles, exigir responsabilidad administrativa y revisar los procesos internos de las instituciones que hoy muestran fallas repetitivas. La Bicameral continuará con el análisis para emitir un dictamen sobre la gestión auditada.
