PolíticaDenuncia de senador
Una jornada explosiva en el Senado: el senador colorado Carlos Núñez acusó al ministro del Interior, Enrique Riera, y al comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez González, de operar un esquema de cobros para aprobar polígrafos y habilitar ascensos. Exhibió imágenes sobre un presunto enriquecimiento del jefe policial, denunció amenazas, pidió remitir todo a la Fiscalía, pero el cartismo dejó sin quórum. Horas después, anunció su salida de la bancada de Honor Colorado.
La acusación central: pagos por polígrafos y ascensos en la mira
Durante la sesión en el Senado este 12 de noviembre de 2025, Núñez planteó que alrededor de 100 policías habrían pagado aproximadamente G. 150 millones cada uno para aprobar el polígrafo, requisito que en la normativa actual es vital para ascender a comisarios grado. Señaló directamente a Riera como beneficiario de ese dinero y cuestionó la rapidez con la que se reglamentó el polígrafo como filtro de confiabilidad en la reforma policial. Asimismo, presentó imágenes de un edificio en Capiatá y una quinta en Areguá que atribuyó al comandante Benítez, insinuando un salto patrimonial injustificado.
El legislador sostuvo que quienes pagaron ascendieron, mientras que los que no participaron en ese supuesto pago quedaron fuera del proceso. Según sus palabras, "los que pagan ascienden, y los que no ascienden es porque representan un peligro para el comandante y el ministro", en alusión al esquema que denuncia. Señaló que parte del dinero recaudado iría al bolsillo del ministro Riera, aunque no detalló nombres de todos los beneficiarios ni presentó públicamente documentación completa que sustente los pagos.
El giro político del día: amenazas, moción para la Fiscalía y renuncia a Honor Colorado
Tras la denuncia, la oposición en el Senado impulsó que los antecedentes sean remitidos de inmediato al Ministerio Público y que se tomen medidas de seguridad para el propio senador Núñez. Sin embargo, cuando estaba prevista la votación de la moción, se constató falta de quórum y la sesión fue levantada. Conforme a medios locales, el bloque cartista (al que pertenece Honor Colorado) no acudió en número suficiente.
En su intervención, Núñez alertó sobre amenazas que aseguró haber recibido y responsabilizó públicamente al ministro y al comandante por cualquier atentado que pudiera sufrir él o su familia. Posteriormente, fuera del recinto, confirmó su renuncia a la bancada de Honor Colorado, generando un quiebre interno en esa agrupación del Partido Colorado.
Las cifras que encendieron la mecha
Según los medios que cubrieron la sesión, Núñez habló de "100 policías" que pagaron cerca de G. 150 millones cada uno para poder ascender mediante la prueba del polígrafo. En el momento de su alocución, al hacer el cálculo en voz alta, mencionó "G. 1.500 millones", aunque la multiplicación sugeriría G. 15.000 millones. La diferencia no fue aclarada en la sesión. Aun así, el punto central es que el senador ubicó a la cúpula del Ministerio del Interior y de la Policía en el centro de un presunto circuito de sobornos vinculados con ascensos.
El telón de fondo: el polígrafo, de comisión caliente a decreto
El uso del polígrafo como requisito en ascensos policiales ya venía siendo motivo de debate. El ministro Riera había defendido públicamente su incorporación como "condición excluyente", afirmando que posee un 95 % de fiabilidad. Se había generado un cruce con Núñez en días previos, en el que éste acusó al sistema de estar diseñado para favorecer a ciertos oficiales. Poco tiempo después, el presidente reglamentó la reforma policial, incorporando el polígrafo como requisito obligatorio para ascender, lo que aceleró el desencadenamiento del conflicto.
Qué dijo Riera antes de la bomba de hoy
En entrevistas de la semana pasada, Riera defendió la medida y negó cualquier hecho de coimas. Afirmó que la herramienta busca blindar a la Policía Nacional y desligó la prueba del control político. En su defensa, señaló que quien no pasa el examen no podrá volver a rendirlo, y que la prueba no es lo que descalifica, sino la conducta del agente. Tras la acusación de Núñez, Riera sostuvo que no respondería a ataques personales, pero no ofreció aún un desmentido contundente de las nuevas afirmaciones sobre cobros vinculados al ascenso.
¿Y la Comandancia?
Núñez apuntó al comandante Benítez por supuesto enriquecimiento ilícito, al presentar las imágenes de los bienes que le atribuye. A la hora del cierre de la sesión no existía una declaración pública del comandante que respondiera directamente a esas imputaciones sobre su patrimonio. La Policía Nacional, en ocasiones anteriores, ha señalado que sus oficiales están sujetos a control patrimonial, pero este caso coloca el foco sobre un oficial de la más alta jerarquía y abre un nuevo frente institucional.
Ecos en medios y redes
La denuncia fue recogida por varios portales, radios y redes sociales. Se difundió especialmente el clip del momento en que Núñez dice que 100 agentes pagaron millones de guaraníes para ascender y el texto de la acusación contra Riera y la Comandancia. En redes se viralizaron capturas de pantalla de las imágenes presentadas por Núñez y fragmentos del video en el pleno. La cobertura mediática convirtió el tema en foco para la agenda pública de hoy.
Lo que queda abierto
Uno de los puntos centrales que queda por resolver es si se remiten formalmente los antecedentes al Ministerio Público. Dado que la votación no se concretó por falta de cuórum, la oposición anticipa que insistirá. También está por verse si Núñez formalizará una denuncia penal con las pruebas que afirma tener, lo que obligaría a Interior y a la Policía a abrir auditorías internas y revisar los protocolos de ascenso. Otro eje pendiente es la revisión del decreto que reglamenta el uso del polígrafo como filtro, en caso de que las acusaciones de hoy obtengan sustancia jurídica.
Por qué importa
La denuncia del senador no sólo compromete a la cúpula de seguridad, sino que pone en tela de juicio el mecanismo de ascenso policial que se promociona como "blindado" contra influencias políticas. Si el polígrafo —erigido como sello de integridad— puede convertirse en un instrumento de recaudación, el escalafón policial queda vulnerado desde su base. Que la bancada oficial haya dejado sin quórum la votación agrava la percepción de impunidad o bloqueo institucional, y la renuncia de Núñez añade una dimensión de crisis política interna al movimiento oficialista.
Contexto normativo inmediato
El decreto presidencial que reglamenta la reforma policial incorpora el uso del polígrafo como requisito para ascensos de comisarios. En paralelo, el Senado había aprobado peticiones de informes para revisar los protocolos de ese examen. Las voces críticas señalan que la contratación y aplicación del polígrafo aún no tienen regulación transparente y que la denuncia de hoy puede obligar a una revisión integral del sistema.
Qué viene ahora
El camino próximo implica observar si el senador Núñez acompaña su denuncia con una denuncia penal formal, lo que arrancaría investigaciones del Ministerio Público. Interior y la Policía deberán decidir si realizan auditorías patrimoniales y de procesos de ascenso, y el movimiento Honor Colorado deberá gestionar internamente el impacto político de la renuncia de Núñez. Finalmente, los ascensos policiales y el uso del polígrafo quedarán bajo la lupa pública y mediática.
