El caso Hernán Rivas dejó de ser un escándalo individual y expuso una sospecha mucho más profunda: la posible existencia de una red de títulos universitarios irregulares que habría permitido a personas sin formación comprobada acceder a cargos públicos, fueros, poder político y hasta espacios de decisión en el sistema de Justicia.
Las sospechas sobre títulos universitarios irregulares escalan y ya se habla de un posible esquema que habría operado durante años, con más de 2.500 certificaciones bajo la lupa, coincidencias masivas en una misma carrera hoy inexistente y vínculos entre estructuras partidarias y centros educativos que ahora quedan en el centro de la polémica.
La denuncia del senador Carlos Núñez sacudió al Congreso y al propio oficialismo, al señalar al ministro Enrique Riera y al comandante Carlos Humberto Benítez como parte de un presunto esquema de cobros millonarios para aprobar polígrafos y facilitar ascensos policiales, en un episodio que abrió una crisis interna y encendió todas las alarmas en el sistema de seguridad.
