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Las denuncias apuntan a un posible esquema organizado de expedición irregular de títulos que involucraría a figuras del oficialismo, familiares y funcionarios, en medio de llamados a abrir una investigación de fondo.
El debate sobre la autenticidad de títulos universitarios escala con fuerza. El abogado Jorge Rolón Luna, conocido por destapar el último gran escándalo judicial "La Mafia de los Pagarés", planteó la posibilidad de que exista una red dedicada a la emisión de certificaciones académicas dudosas, especialmente cuando se trata de actores vinculados a la política.
Sospechas sobre una estructura organizada
En entrevista con El Nacional, el jurista instaló la hipótesis de una "mafia de títulos falsos", señalando que los casos que salieron a la luz no serían episodios aislados, sino parte de un fenómeno más amplio. En ese contexto, mencionó a dirigentes del oficialismo y apuntó directamente al entorno del vicepresidente Pedro Alliana, incluyendo a miembros de su familia.
Rolón Luna cuestionó la validez de títulos en el área de Relaciones Internacionales otorgados por la Universidad Autónoma San Sebastián, institución que, según sus publicaciones, presenta antecedentes de irregularidades. Sus afirmaciones generaron repercusión al instalar dudas sobre la formación académica de varias figuras públicas.
El foco en el "clan" y una carrera bajo sospecha
Dentro de los cuestionamientos, el abogado hizo referencia a la coincidencia de títulos obtenidos por varias personas cercanas a Alliana. Entre ellas citó a su esposa, la diputada Fabiana Souto, a su hija y a otros allegados políticos que habrían cursado la misma carrera en la misma casa de estudios.
El punto central de la sospecha radica en la carrera de Relaciones Internacionales, que habría sido cursada por todos ellos. Sin embargo, el propio Rolón Luna advirtió que actualmente no existiría registro de dicha oferta académica dentro de la universidad, lo que abre interrogantes sobre su existencia real en el pasado.
En tono crítico, incluso irónico, el abogado puso en duda la legitimidad de estos títulos y cuestionó la concentración de egresados en un mismo entorno político y familiar, sugiriendo que podría tratarse de un patrón sistemático.
Vínculos políticos y dudas sobre la institucionalidad
Otro elemento señalado es la cercanía entre autoridades de la universidad y sectores del oficialismo. El rector de la institución fue descrito como alineado políticamente, lo que, según el denunciante, refuerza la necesidad de investigar posibles conflictos de interés en la expedición de títulos.
Además, se recordó que existieron acuerdos para otorgar becas a través de estructuras partidarias, lo que añade un componente político al funcionamiento de la casa de estudios cuestionada.
Para el abogado, este tipo de situaciones refleja un deterioro del sistema educativo y del valor de los títulos universitarios, al advertir que cada vez es más frecuente la sospecha sobre la legitimidad de las credenciales académicas en el país.
El caso Rivas y el patrón que se repite
Las declaraciones también se enmarcan en el escándalo generado en torno al senador Hernán Rivas, cuyo título de abogado fue objeto de cuestionamientos. Rolón Luna sostuvo que este episodio no sería un hecho aislado, sino parte de una tendencia más amplia que involucra a múltiples actores.
En esa línea, habló de un "patrón común" en los casos detectados: figuras políticas de alto perfil, universidades con escasa credibilidad y carreras que posteriormente desaparecen de la oferta académica.
Incluso se planteó la necesidad de investigar no solo a quienes habrían obtenido títulos irregulares, sino también a quienes los expiden, en un enfoque que abarque toda la cadena de responsabilidades.
Impulso político para una investigación de fondo
Las sospechas también comenzaron a trasladarse al ámbito legislativo. La senadora Esperanza Martínez anunció que promoverá la creación de una comisión especial para indagar el fenómeno y desenmascarar lo que calificó como una estructura de gran escala.
Según advirtió, podrían existir miles de títulos irregulares que involucrarían a personas con cargos relevantes dentro del Estado, incluyendo áreas sensibles como el sistema judicial, organismos de control y entidades educativas.
La legisladora incluso mencionó la posibilidad de que existan más de 2.500 casos, y sostuvo que el esquema podría contar con la participación o complicidad de diversas instituciones públicas.
Un escándalo que trasciende nombres propios
Mientras crecen las denuncias y los pedidos de investigación, el tema ya dejó de centrarse únicamente en figuras específicas para transformarse en un cuestionamiento estructural. La discusión apunta ahora a la credibilidad del sistema educativo, los mecanismos de control y la eventual existencia de redes que habrían operado durante años sin ser detectadas.
En ese escenario, la presión política y mediática aumenta para que se realicen verificaciones exhaustivas que permitan determinar la autenticidad de los títulos y, en su caso, establecer responsabilidades.
