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La convocatoria fue fijada para este viernes a las 17:00 y, de manera excepcional, los concejales fueron citados al domicilio particular de Bareiro. La resolución emitida por la propia Junta Municipal argumenta que la situación judicial del titular del cuerpo le impide trasladarse hasta la sede legislativa, por lo que se optó por trasladar la sesión para evitar la paralización de las actividades institucionales.
El documento sostiene que la decisión responde a una circunstancia de fuerza mayor y aclara que la reunión fuera del recinto oficial tendrá carácter extraordinario y será válida únicamente para esta ocasión, con el propósito de garantizar la continuidad del funcionamiento de la corporación municipal.
Durante la sesión estaba prevista, en primer término, la elección de la nueva mesa directiva para el periodo 2026-2027. Posteriormente, los concejales debían tratar la dimisión presentada por la jefa comunal y adoptar las decisiones correspondientes conforme a la Constitución Nacional, la Ley Orgánica Municipal y la normativa electoral vigente.
Patricia Corvalán presentó su renuncia al cargo con el objetivo de postularse como candidata a concejal municipal en las próximas elecciones previstas para el 4 de octubre. Sin embargo, su salida de la administración comunal se produce en medio de una investigación penal que también alcanza a su esposo, el diputado cartista Esteban Samaniego.
La Fiscalía atribuye a ambos, junto con otras personas, presuntos hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y otras conductas relacionadas con el supuesto uso irregular de recursos de la Municipalidad de Quyquyhó.
La investigación se centra en un presunto perjuicio patrimonial superior a G. 1.100 millones que habría ocurrido entre los años 2011 y 2017, periodo durante el cual la administración municipal estuvo encabezada por Esteban Samaniego. Según la hipótesis del Ministerio Público, parte de los fondos comunales habría sido desviada mediante un esquema que involucró a familiares y personas vinculadas políticamente al entonces intendente.
La causa también incluye a Blanca Gloria Álvarez, madre del legislador, quien igualmente enfrenta un proceso penal y medidas restrictivas por su presunta participación dentro del esquema investigado.
En el caso de Patricia Corvalán, el juez Osmar Legal dispuso el arresto domiciliario con control electrónico luego de considerar que existieron reiteradas maniobras destinadas a impedir el avance del proceso judicial. De acuerdo con los antecedentes del expediente, la audiencia preliminar fue suspendida en ocho oportunidades consecutivas mediante diversos recursos planteados por las defensas, situación que el magistrado interpretó como un comportamiento obstruccionista.
Mientras tanto, el pedido de desafuero del diputado Esteban Samaniego continúa pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados, por lo que el legislador mantiene sus fueros parlamentarios.
La situación de Quyquyhó refleja un escenario institucional inédito, con la máxima autoridad del Ejecutivo Municipal y el presidente del órgano legislativo local sometidos simultáneamente a arresto domiciliario, mientras ambos continúan vinculados a decisiones políticas y administrativas que marcan el futuro inmediato del municipio.
