Sin buses, sin reforma y sin respuestas: transporte queda a la deriva
A casi una semana de haber prometido una transformación integral del sistema de transporte público, el presidente de la República, Santiago Peña, sigue sin enviar al Congreso el proyecto de ley que, según él mismo aseguró, revolucionaría el modelo actual. La promesa fue realizada el pasado lunes en una reunión a puertas cerradas con legisladores oficialistas, y fue clave para frenar el debate de una propuesta alternativa que buscaba eliminar los subsidios directos a las empresas transportistas.
El senador colorado Natalicio Chase fue quien reveló que el mandatario se comprometió a remitir el texto legislativo "en el transcurso de la próxima semana", algo que —hasta este domingo— no ha ocurrido. "La palabra fue clara: la próxima semana llega el proyecto de reforma del transporte público", afirmó Chase en contacto con la prensa, al justificar la decisión del Senado de postergar el tratamiento de la iniciativa impulsada por el liberal Líder Amarilla.
Un sistema al borde del colapso y promesas que no llegan
La propuesta de Amarilla planteaba redireccionar el subsidio estatal hacia los usuarios, por medio del billetaje electrónico, en lugar de transferir fondos directamente a las empresas operadoras, un modelo ampliamente cuestionado por su opacidad y por perpetuar la dependencia del sector privado sin garantías de buen servicio.
Mientras tanto, el sistema de transporte público en el Área Metropolitana atraviesa una de sus peores crisis. Las reguladas de buses, las esperas interminables en las paradas y las unidades abarrotadas se volvieron parte del día a día para miles de paraguayos que dependen del colectivo para ir a trabajar o estudiar. Las condiciones precarias se agravan con el frío, y en los últimos días se volvió común ver a personas esperando durante horas bajo temperaturas muy bajas.
Reforma anunciada hace un año, pero nunca presentada
El plan del Ejecutivo, encabezado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), lleva más de un año anunciándose sin llegar al Congreso.
Según los datos preliminares filtrados a El Nacional, el nuevo modelo de subsidio se basaría en los kilómetros recorridos por las unidades, y no en la cantidad de pasajeros. Además, se pretende que el Estado se convierta en proveedor de buses, separando así a los dueños de las flotas de los operadores del servicio. A esto se suman promesas de renovar los contratos de concesión e invertir en infraestructura.
Pese a estos anuncios, no existe aún una propuesta concreta en papel ni se ha hecho público un borrador que permita analizar la viabilidad o sostenibilidad del modelo prometido.
Advertencias graves desde el sector empresarial
Por su parte, el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) lanzó una seria advertencia: si el Gobierno no paga lo que adeuda —fondos que ya están presupuestados—, el servicio colapsará. Según César Ruiz Díaz, presidente del gremio, ya hay un 15% de la flota fuera de circulación por falta de recursos. Además, denunció que hay retrasos salariales, falta de previsibilidad y una sensación generalizada de abandono por parte del Viceministerio de Transporte.
"Queremos salir del sistema. No podemos seguir en estas condiciones. Hay una autoridad débil que no ha hecho nada desde que asumió", sentenció Ruiz Díaz.
¿Transformación o maniobra dilatoria?
La jugada política de postergar el debate legislativo con base en una promesa no cumplida abre interrogantes sobre la verdadera voluntad del Gobierno de resolver la crisis del transporte. Mientras se dilata el debate, los usuarios siguen padeciendo un sistema ineficiente, caótico y cada vez más desmantelado.
