Senado aprobaría ley que convierte en "adorno" a la Contraloría
La mayoría del cartismo se prepara para aprobar este miércoles la versión del Senado que modifica el artículo 30 del Código de Organización Judicial y habilita al Tribunal de Cuentas a "juzgar" las rendiciones de entes públicos. El cambio abre un atajo para intendentes y gobernadores que quieran eludir a la Contraloría General, según advierten especialistas y el propio contralor.
Qué se vota este miércoles 20 de agosto
El pleno del Senado tratará la ratificación de su propia versión del proyecto que cambia el artículo 30 de la Ley 879/81 (Código de Organización Judicial). Se requieren 23 votos para su aprobación. Las comisiones de Legislación y de Asuntos Constitucionales ya dictaminaron a favor de insistir con el texto del Senado. La propuesta también prevé pasar de dos a hasta cuatro Tribunales de Cuentas, consolidando que ese fuero "juzgue" cuentas públicas, por encima del rol auditor de la Contraloría.
El corazón del cambio: del control al "juzgamiento" en tribunales
Históricamente, el Tribunal de Cuentas tuvo dos salas. Tras la reforma de 2003 (Ley 2248), ambas quedaron exclusivamente para asuntos contencioso-administrativos, ya no para juzgar cuentas de inversión. La versión del Senado pretende reabrir esa puerta. Donde la Constitución y la normativa vigente colocan a la Contraloría como órgano de control externo del uso del dinero público, el proyecto empuja a que las rendiciones migren a un "juzgamiento" judicial, reduciendo en los hechos el alcance del contralor.
Por qué esto importa
La práctica del "puenteo" ya existe: administraciones cuestionadas envían sus rendiciones al Tribunal de Cuentas para escapar del escrutinio de la Contraloría. Lo que se vota mañana legaliza ese atajo y lo amplía. Es la institucionalización de la opacidad. Medios y especialistas lo describen como un golpe directo a la transparencia: trasladar rendiciones al Poder Judicial desarma el sistema de pesos y contrapesos en materia de gasto público.
Quiénes empujan y quiénes frenan
La Comisión de Legislación, presidida por Derlis Maidana (ANR-HC), recomendó ratificar el texto del Senado. También se sumó el dictamen de Asuntos Constitucionales. En ambos casos hubo abstenciones de senadores opositores como Eduardo Nakayama, Ignacio Iramain y Patrick Kemper. En el debate previo, el senador Líder Amarilla defendió el rol del Tribunal de Cuentas, mientras que Ramón Retamozo adelantó su respaldo a la versión de Diputados, más alineada con la Contraloría. El cartismo, sin embargo, tiene los votos para imponer su criterio.
Camilo Benítez advirtió que, si el Congreso convierte esto en ley, habría que "extinguir" la Contraloría porque quedaría reducida a un adorno. Su mensaje fue claro: el proyecto normaliza el puenteo y vacía al órgano de control externo.
La contradicción con la "ley de integridad" de 2024
En diciembre pasado, el Ejecutivo impulsó y promulgó la Ley del Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción, que convirtió a la Contraloría en ente rector del sistema y creó el Consejo Nacional Anticorrupción. Aprobar ahora el puenteo choca con ese discurso oficial y deja en evidencia la incoherencia del oficialismo.
Lo que dice hoy la ley (y lo que quieren cambiar)
El artículo 30 del Código de Organización Judicial, tras la Ley 2248/03, fija que las dos salas del Tribunal de Cuentas solo conocen juicios contencioso-administrativos. La versión del Senado pretende reintroducir el "juzgamiento de cuentas" y, además, multiplicar salas. Es un retroceso a un esquema que la reforma de 2003 había dejado atrás.
Antecedentes: un veto que mantuvo vivo el puenteo
Cuando Diputados frenó en julio la versión del Senado, varios legisladores recordaron que el Ejecutivo vetó previamente una iniciativa que intentaba cerrar el puenteo a la Contraloría. Aquel veto y la nueva ley de integridad hoy lucen incoherentes frente al proyecto que el oficialismo quiere sancionar.
Impacto real: menos control, más riesgo
Si las rendiciones saltan a tribunales, el control externo pierde tiempo, información y capacidad sancionatoria. Administradores con observaciones podrían buscar una sentencia que les "limpie" la rendición, sin la lupa técnica de la Contraloría. Es el camino perfecto para diluir responsabilidades y blindar negociados. La propia Contraloría, en análisis institucionales, ha criticado esta tendencia porque favorece la impunidad al desplazar competencias.
