PolíticaTras reunión secreta
El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley N° 7615, fechada el 29 de diciembre de 2025, mediante la cual se introduce una modificación sustancial a la estructura interna de la Corte Suprema de Justicia. La normativa altera el artículo 80 de la Ley N° 609/1995, que organiza el funcionamiento del máximo tribunal, y deroga la Ley N° 7058/2023, vigente hasta ahora.
El anuncio de la promulgación recién se dio a conocer ayer, en pleno feriado por el inicio del año 2026, y la ley fue publicada en la Gaceta Oficial de la Presidencia en un día no laborable, lo que generó fuertes cuestionamientos sobre la intencionalidad política de minimizar el impacto público de una decisión de alto contenido institucional.
En términos prácticos, la nueva legislación elimina la rotación obligatoria de los ministros de la Corte al frente de las 18 circunscripciones judiciales del país, un mecanismo instaurado para evitar la permanencia prolongada de autoridades judiciales en una misma jurisdicción. Con este cambio, los ministros podrán enquistarse de manera indefinida en determinadas circunscripciones, reactivando un esquema largamente cuestionado por favorecer la consolidación de "feudos judiciales" en los departamentos.
La promulgación de la ley se produce además en un contexto marcado por crecientes sospechas de negociaciones reservadas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Versiones políticas que cobraron fuerza en las últimas semanas señalan que la aprobación parlamentaria de la norma habría sido precedida por una reunión secreta en Mburuvicha Róga, de la que habrían participado el presidente Peña y varios ministros de la Corte Suprema. Dicho encuentro nunca fue desmentido oficialmente, alimentando las críticas sobre la falta de transparencia en la toma de decisiones.
Desde sectores de la oposición, así como desde el ámbito jurídico y académico, la medida fue calificada como un grave retroceso institucional, al considerar que debilita los principios de alternancia, control interno y equilibrio de poderes. Advierten que la supresión de la rotación no solo favorece la concentración de poder, sino que también profundiza redes de influencia política y económica a nivel local, afectando la independencia del sistema de justicia.
