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La empresa, cuya propiedad se encuentra frente a la sede policial atacada, señaló en un comunicado que el violento asalto, en el que murieron dos suboficiales de la Policía Nacional y un civil, además de la destrucción total del destacamento y de varios vehículos, demuestra el nivel de organización y el poder de grupos armados que desafían la autoridad estatal en el norte del país.
Según la firma, existen elementos que ameritan investigar si el ataque guarda alguna relación con las organizaciones que, de acuerdo con sus denuncias, operan desde hace años dentro de un inmueble de aproximadamente 5.000 hectáreas de su propiedad, actualmente ocupado de manera irregular por unas 350 a 400 familias en el asentamiento 1.º de Marzo.
La agroganadera aclaró que no atribuye directamente el atentado a las mismas personas investigadas por las ocupaciones, aunque considera que las coincidencias en la ubicación geográfica, las características de operación y la presencia de grupos armados hacen necesaria una investigación profunda para determinar si existe algún vínculo entre ambos hechos.
Asimismo, recordó que durante más de una década presentó denuncias ante distintas instituciones, acompañadas de documentación y evidencias sobre ocupaciones ilegales, daños ambientales, destrucción de infraestructura, amenazas y episodios de violencia contra sus trabajadores. Sin embargo, afirma que esas presentaciones no derivaron en respuestas efectivas por parte de las autoridades.
La empresa también sostuvo que existen órdenes judiciales de desalojo que nunca llegaron a ejecutarse, situación que, a su criterio, permitió que organizaciones criminales fortalecieran su presencia y capacidad de acción en la zona.
Otro de los planteamientos realizados por la firma es que los responsables del ataque habrían utilizado parte del establecimiento para desplazarse hasta el puesto policial y posteriormente escapar por el mismo sector, por lo que insistió en la necesidad de intervenir el asentamiento e intensificar los operativos de seguridad.
Finalmente, la Agroganadera Pindó instó a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público, a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) a coordinar acciones para recuperar el control territorial, avanzar en las investigaciones y evitar que grupos criminales continúen consolidando su presencia en esa región del departamento de Canindeyú. La empresa concluyó que lo ocurrido en Naranjito supera el ámbito de un hecho policial y constituye un desafío para la seguridad nacional.
