PolíticaMedia sanción
La decisión, impulsada por la mayoría cartista y sus aliados, se da en medio de fuertes denuncias de un supuesto pacto político entre ministros del máximo tribunal, el presidente Santiago Peña y el titular de la ANR, Horacio Cartes, en una reunión reservada realizada días atrás.
La modificación afecta directamente al artículo 8 de la Ley 609/95, que organiza la Corte, y deja sin efecto la normativa que obligaba a los ministros a rotar por las 18 circunscripciones judiciales del país. Con esta reforma, cada integrante del máximo tribunal podrá volver a establecerse de manera indefinida en una jurisdicción específica, una práctica que durante años fue criticada por fomentar estructuras de poder concentrado en departamentos clave.
El tratamiento del proyecto se realizó con notoria premura. El dictamen de la Comisión de Justicia, presidida por el cartista Yamil Esgaib, ingresó en plena sesión, minutos antes de su tratamiento, apenas como un requisito formal para allanar el camino a la sanción. La iniciativa fue aprobada antes del inicio del receso parlamentario, previsto desde el 21 de diciembre hasta marzo de 2026.
La rapidez del trámite legislativo reavivó las versiones sobre una reunión reservada en Mburuvichá Roga, donde seis de los nueve ministros de la Corte habrían conversado con Santiago Peña y Horacio Cartes sobre este proyecto. Ni la Presidencia ni la Corte desmintieron oficialmente ese encuentro, lo que incrementó la controversia en el ámbito político y judicial.
Desde la oposición, las críticas fueron duras y directas. El diputado Raúl Benítez calificó la medida como un retroceso grave para la institucionalidad y cuestionó que se premie a una Corte que, según dijo, ha mostrado escasa firmeza frente al poder político. También advirtió que esta decisión consolida nuevamente la lógica de los "feudos judiciales" que durante años fueron denunciados como espacios de control político y clientelar.
La diputada Johanna Ortega alertó que el país avanza hacia un modelo que se asemeja peligrosamente a regímenes autoritarios de la región, mientras que Rocío Vallejo lamentó que se haya desandado un avance que fue presentado como histórico hace apenas dos años. Para la legisladora, la rotación había generado expectativas de mayor transparencia y credibilidad en la justicia, expectativas que ahora quedan seriamente debilitadas.
Desde el propio coloradismo también surgieron voces disidentes. El diputado Mauricio Espínola anunció su voto en contra de la propuesta y reclamó explicaciones públicas sobre la reunión entre ministros de la Corte, el presidente de la República y el líder partidario. Sostuvo que, de confirmarse ese encuentro, podrían presentarse acciones de inconstitucionalidad contra los participantes.
En defensa del proyecto, el oficialismo argumentó que la rotación forzada vulneraba la independencia de la Corte y que la reforma responde al cumplimiento estricto de la Constitución. Sin embargo, la oposición respondió que, de existir una verdadera incompatibilidad constitucional, la propia Corte ya habría intervenido mediante una declaración de inconstitucionalidad.
Con la sanción consumada, la ley queda ahora en manos del Ejecutivo para su promulgación. Todo indica que se trata de un paso administrativo, ya que el respaldo político al proyecto provino del mismo espacio que sostiene al Gobierno. Mientras tanto, crecen los cuestionamientos sobre el impacto que esta decisión tendrá en la independencia judicial, en la lucha contra prácticas clientelares y en el equilibrio de poderes. La restitución de los llamados feudos judiciales vuelve a poner en el centro del debate la relación entre la Justicia y el poder político.
