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El encuentro, que según versiones se realizó en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga, habría tenido como eje temas altamente sensibles que hoy tensionan al sistema judicial y al escenario político.
De acuerdo con las informaciones que trascendieron, participaron de la cita el presidente de la Corte, César Diesel; la vicepresidenta primera, Carolina Llanes; el vicepresidente segundo y titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, César Garay; además de los ministros Luis María Benítez Riera, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón. La convocatoria no habría incluido a los ministros Víctor Ríos y Manuel Ramírez Candia, mientras que Gustavo Santander, pese a haber sido invitado, se habría excusado.
Siempre según las versiones publicadas, tras finalizar la sesión plenaria de la Corte, los ministros se retiraron del Palacio de Justicia en vehículos oficiales y se dirigieron casi al mismo tiempo hasta la residencia presidencial. El encuentro habría durado cerca de una hora y se desarrolló bajo un estricto hermetismo, con el objetivo de evitar interpretaciones públicas sobre una posible subordinación del Poder Judicial al poder político.
En la reunión también habrían estado presentes el asesor político del presidente, José Alberto Alderete, y el abogado Eduardo González, señalado como operador político del Partido Colorado dentro del ámbito judicial. La presencia de ambos fue uno de los puntos que más alimentó las suspicacias en torno al carácter del encuentro.
Entre los temas que se habrían abordado figura el escándalo conocido como la mafia de los pagarés, por el cual existen pedidos de juicio político contra los nueve ministros de la Corte, a raíz de la supuesta inacción ante las víctimas de un esquema de estafas que operó durante años en los juzgados de Paz de Asunción. Según las versiones, también se discutió la posibilidad real de que ese juicio político avance o quede definitivamente bloqueado en el Senado.
Otro de los asuntos centrales habría sido el proyecto que busca eliminar la obligación de que los ministros roten cada dos años en las superintendencias de las distintas circunscripciones judiciales, un punto que genera fuertes cuestionamientos, ya que varios magistrados llevan largo tiempo al frente de las mismas jurisdicciones. Este tema ya es objeto de debate en el Congreso y es visto como un intento de reinstalar estructuras de poder permanentes dentro del sistema judicial.
La información señala que la iniciativa para la convocatoria partió directamente del presidente Peña, quien habría buscado conocer de primera mano la posición de los ministros frente a estos conflictos que hoy acorralan al Poder Judicial. Sin embargo, pese a los intentos de mantener el encuentro en total reserva, los detalles terminaron filtrándose y desataron una ola de reacciones.
Desde el oficialismo, algunas voces salieron rápidamente a descalificar la versión. El presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, minimizó el hecho y calificó la supuesta reunión como una "fábula", intentando bajarle el tono a la polémica. No obstante, el impacto político ya estaba instalado y reavivó las críticas sobre la cercanía entre sectores del poder político y judicial.
La filtración del supuesto encuentro no solo abrió un nuevo frente de tensión entre los poderes del Estado, sino que volvió a poner bajo la lupa la independencia del sistema judicial, en medio de un escenario marcado por denuncias, pedidos de juicio político y reformas legales que podrían modificar de manera profunda el equilibrio interno de la Corte.
