PolíticaPérdida de investidura
La ratificación de la condena a 13 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal dejó sin margen político al senador colorado con permiso. Tras haberlo protegido con una licencia indefinida, el cartismo ahora analiza acompañar su salida, mientras la oposición prepara el terreno para impulsar la pérdida de investidura.
La confirmación de la condena contra Erico Galeano volvió a colocar al Senado frente a uno de sus casos más incómodos y políticamente costosos. El legislador colorado, actualmente con permiso, quedó al borde de la expulsión luego de que un Tribunal de Apelación ratificara por unanimidad la pena de 13 años de cárcel por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal, en una causa derivada del operativo A Ultranza Py.
El fallo golpeó directamente el argumento con el que el oficialismo había sostenido semanas atrás el permiso sin goce de sueldo y por tiempo indefinido que le permitió conservar la banca. En aquel momento, la mayoría legislativa evitó avanzar hacia la pérdida de investidura bajo la excusa de que la condena aún no estaba confirmada. Ahora, con la sentencia ratificada en segunda instancia, la continuidad de Galeano se volvió políticamente insostenible incluso para sus propios aliados.
El caso que lo llevó a la condena
Galeano fue hallado culpable por lavado de activos y asociación criminal, en el marco de una investigación desprendida de A Ultranza Py, uno de los mayores operativos contra estructuras de narcotráfico y lavado de dinero en el país. La Justicia dio por probados sus vínculos con el esquema relacionado al uruguayo Sebastián Marset y a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.
La sentencia sostuvo que el legislador recibió dinero proveniente de actividades ilícitas y que esos recursos fueron utilizados para beneficiarse económica y comercialmente, incluso en operaciones vinculadas al club Deportivo Capiatá, institución que presidió. Uno de los puntos centrales del caso fue la venta de una lujosa residencia ubicada en Altos, realizada mediante contrato privado, en efectivo y en plena pandemia, una operación que fue señalada como parte del mecanismo para evitar alertas de los organismos de control.
La condena inicial fue dictada el 4 de marzo por un Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, integrado por los jueces Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos. Luego, la defensa apeló, pero el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción resolvió confirmar el fallo.
Del permiso al costo político
Tras la condena de marzo, Galeano pidió permiso al Senado. La mayoría terminó concediéndole una licencia sin goce de sueldo y sin plazo definido, una salida política que evitó su pérdida de investidura y permitió que siguiera conservando su banca, aunque sin participar de las sesiones.
Esa decisión fue leída como un blindaje político. La Cámara Alta no lo expulsó, no abrió de inmediato el proceso de pérdida de investidura y optó por una fórmula intermedia que, en la práctica, lo mantuvo dentro del Senado. La medida fue cuestionada porque instaló la idea de que, ante un legislador condenado por hechos vinculados al narcotráfico, el Senado eligió administrar el costo político antes que adoptar una sanción institucional más severa.
Con la ratificación de la condena, ese margen se achicó. El propio cartismo empezó a revisar su postura. Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, admitió que la situación cambió y que el caso será tratado este miércoles antes de la sesión ordinaria. Según el escenario que se maneja en el oficialismo, existen dos caminos: pedir la renuncia de Galeano o acompañar la pérdida de investidura.
Honor Colorado ya no tiene una postura cerrada de defensa
El dato político más relevante es que Honor Colorado ya no aparece cerrado en la defensa del senador con permiso. Chase reconoció que la confirmación de la condena es grave, aunque sostuvo que el proceso todavía no está jurídicamente concluido porque quedan instancias pendientes. Aun así, dentro de la bancada ya se habla abiertamente de una salida política.
El oficialismo cuenta con 15 votos, por lo que necesita acompañamiento de otros sectores para concretar la pérdida de investidura. Sin embargo, ese respaldo parece encaminarse, ya que opositores y disidentes adelantaron que acompañarían la destitución. La reunión de bancada prevista para este miércoles será clave para definir si el cartismo toma la iniciativa o si termina acompañando una ofensiva impulsada desde la oposición.
Juan Carlos "Nano" Galaverna evitó adelantar postura y dijo que primero hablará con Galeano, a quien considera su amigo. Esa cautela refleja que el caso todavía genera incomodidad dentro del oficialismo, donde el vínculo político y personal con el legislador condenado choca con el costo público de sostenerlo.
La oposición presiona y prepara el camino
Desde la oposición, el mensaje fue mucho más directo. Eduardo Nakayama sostuvo que ya no existen excusas para evitar la pérdida de investidura y afirmó que Galeano no puede seguir "con permiso" en el Congreso. También señaló que desde su sector ya se preparan acciones para impulsar formalmente el proceso.
José Oviedo también se pronunció a favor de la salida del senador y sostuvo que la continuidad de Galeano es insostenible desde el punto de vista constitucional. Rafael Filizzola, por su parte, planteó una mirada más cautelosa en lo jurídico: sostuvo que la pérdida de investidura exige elementos concretos, pero afirmó que la salida política más adecuada sería que Galeano renuncie de inmediato.
El debate, por tanto, ya no gira solamente en torno a la condena judicial, sino sobre el costo institucional de que un senador condenado por lavado de dinero y asociación criminal siga vinculado al Congreso mediante una licencia indefinida.
Miércoles clave para el Senado
La sesión ordinaria de este miércoles 6 de mayo puede convertirse en una jornada decisiva. Antes de la plenaria, Honor Colorado definirá su postura en bancada. Si resuelve acompañar la pérdida de investidura, el proceso podría avanzar con fuerza política suficiente. Si opta por esperar una renuncia, el desenlace dependerá de la voluntad de Galeano y de la presión pública.
La Cámara Alta llega a esta instancia con una imagen fuertemente golpeada. El caso Galeano se suma a una serie de decisiones cuestionadas en las que el Senado fue acusado de aplicar criterios políticos distintos según la conveniencia de las mayorías. Por eso, la eventual expulsión del legislador condenado no solo resolvería una situación individual, sino que también funcionaría como una mínima señal de reparación institucional.
Una prueba de credibilidad
El Senado enfrenta ahora una prueba de credibilidad. Durante semanas permitió que Galeano conservara su banca pese a una condena grave. Ahora que esa condena fue confirmada, la Cámara Alta deberá decidir si sigue administrando el caso con cálculos políticos o si finalmente corta el vínculo institucional con un legislador condenado por hechos ligados al narcotráfico.
La salida de Galeano, ya sea por renuncia o por pérdida de investidura, aparece como el desenlace más probable. Pero el punto central es otro: el Senado no llega a esta instancia por convicción temprana, sino arrastrado por el peso de una sentencia ratificada y por la imposibilidad política de seguir sosteniendo un blindaje que ya no resiste explicación pública.
