PolíticaReacción
El legislador Eduardo Nakayama reclamó que el Congreso actúe sin demora y avance en la pérdida de investidura, al considerar que ya no existe justificación para mantenerlo bajo el permiso que se le había concedido previamente.
A través de sus redes sociales, Nakayama sostuvo que la ratificación del fallo obliga a una respuesta inmediata del Senado. Señaló que un parlamentario con condena firme por delitos vinculados al crimen organizado no puede seguir amparado por decisiones políticas, y advirtió que mantener esa situación debilita la institucionalidad.
Galeano fue condenado en el marco de la causa derivada de la operación A Ultranza Py, una de las mayores investigaciones contra el narcotráfico en el país. El tribunal de sentencia lo halló culpable de lavado de activos y asociación criminal, tras acreditarse su vínculo con la estructura desarticulada. La pena, dictada a inicios de marzo, fue ahora confirmada por un tribunal de apelación en lo penal especializado en crimen organizado.
Pese a la gravedad del caso, el Senado ya había resuelto el 11 de marzo otorgarle un permiso sin plazo definido. La decisión fue respaldada por distintos sectores políticos. En ese momento, el senador Juan Carlos "Nano" Galaverna defendió la medida argumentando que respondía al respeto del debido proceso y a las garantías que rigen para los integrantes del cuerpo legislativo.
Con la sentencia ratificada, el escenario cambia y vuelve a instalarse la discusión sobre los límites de esa protección. La Cámara de Senadores enfrenta ahora la presión de definir si sostiene el permiso otorgado o si avanza en la expulsión del legislador condenado, en medio de cuestionamientos sobre la respuesta institucional ante casos de corrupción y vínculos con el crimen organizado.
