PolíticaRenuncia masiva
Más de cincuenta anestesiólogos del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS) presentaron sus renuncias por la precarización laboral, los bajos salarios y el incumplimiento de la ley que regula la carga horaria. Mientras estos médicos especializados ganan menos de cinco millones de guaraníes por 24 horas semanales, la institución mantiene una estructura plagada de privilegios, sueldos millonarios y contrataciones selectivas a familiares y allegados al poder político.
La chispa: renuncias en masa y un quirófano en vilo
En total, 50 de los 59 anestesiólogos del Hospital Ingavi decidieron renunciar. Denuncian que el IPS incumple la Ley 7137/2023, que establece una carga horaria máxima de 12 horas semanales por vínculo, mientras ellos siguen trabajando el doble por un salario mensual de apenas G. 4.500.000. El 92% del plantel está bajo régimen de contrato y no cuenta con nombramiento, a pesar de los años de servicio.
Las doctoras Romina Fleitas y Marlene Guirland, voceras del grupo de renunciantes, explicaron que la situación es insostenible y que se está vulnerando el derecho básico a un trabajo digno. Señalaron además que la sobrecarga de guardias y la falta de condiciones adecuadas ponen en riesgo directo la vida de los pacientes.
Lo que está en juego para los asegurados
La dimisión masiva afecta al hospital de mayor complejidad de la previsional y amenaza con paralizar cirugías. Miles de asegurados podrían quedar sin atención o enfrentar meses de espera. Los anestesiólogos comparan su situación con la de colegas del Ministerio de Salud Pública, donde el salario por 12 horas semanales supera los G. 5.000.000. En el IPS, con el doble de carga horaria, cobran menos.
La respuesta oficial: promesas sin solución
El presidente del IPS, Jorge Brítez, reconoció públicamente la gravedad del conflicto y anunció una mesa de diálogo integral para buscar una salida. Sin embargo, hasta ahora no se presentaron plazos ni medidas concretas. Brítez arrastra además un escándalo propio: en julio de 2025 benefició a su hijo Diego Enrique Brítez Fernández con un aumento salarial de más de G. 7.600.000. El joven funcionario pasó de percibir G. 13.352.845 en junio a G. 21.048.452 en julio, mientras estaba comisionado a la Procuraduría General de la República. El presidente del ente aseguró luego que se trató de un error administrativo, aunque nunca aclaró si el dinero fue devuelto.
El contraste que indigna: más abogados, más gasto, menos quirófano
En el otro extremo de la estructura institucional, el IPS destina millonarios recursos a asesorías jurídicas externas. En 2024, la previsional gastó más de G. 2.793 millones para pagar a 28 asesores externos, pese a contar con una planta interna de más de 300 abogados.
Entre los beneficiados con contratos figuran nombres con vínculos políticos directos. Uno de los casos más cuestionados fue el del abogado Weldon Walter Black Zaldívar, prometido de Montserrat Alliana Encina, hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Black fue contratado como asesor jurídico externo en marzo de 2024 con un salario mensual de G. 15.000.000, bajo la modalidad de contrato por producto que totaliza G. 100.000.000 anuales. Su ingreso se produjo sin concurso público y en paralelo al congelamiento de nombramientos médicos por falta de presupuesto.
Radiografía de una prioridad invertida
El presupuesto del IPS muestra un contraste obsceno: los médicos más calificados trabajan en condiciones precarias, mientras los familiares del poder y los allegados políticos disfrutan de sueldos y beneficios. En los últimos años, la institución se convirtió en un refugio de asesores, comisionados y contratados con vínculos partidarios. Mientras un anestesiólogo con más de diez años de experiencia cobra menos de cinco millones, los asesores externos y familiares de autoridades superan los veinte millones mensuales.
Impacto inmediato: menos cirugías, más espera, más gasto para el asegurado
Si el conflicto no se resuelve, el Hospital Ingavi reducirá drásticamente su capacidad de cirugías. Las operaciones electivas ya comenzaron a reprogramarse, y los pacientes deberán recurrir a servicios privados o esperar indefinidamente. En paralelo, la falta de anestesiólogos en los turnos podría provocar un colapso en urgencias y terapias.
Tres decisiones que el IPS no puede seguir postergando
Primero, aplicar la Ley 7137/2023 en toda la red hospitalaria: 12 horas semanales por vínculo laboral y equiparación salarial con el resto del sistema público. Segundo, reorientar el gasto institucional hacia los recursos humanos críticos, eliminando contratos superfluos y reduciendo las asesorías externas. Tercero, implementar mecanismos de transparencia real: publicar nóminas, montos y vínculos familiares de todos los funcionarios que ocupan cargos con beneficio salarial.
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