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La información fue confirmada por el director general de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, quien explicó que el procedimiento tendrá como finalidad verificar si existe correspondencia entre el patrimonio declarado por el funcionario y los bienes que efectivamente posee.
Como parte del proceso, los técnicos analizarán las declaraciones patrimoniales, los movimientos financieros y elaborarán un estudio de flujo de caja para determinar si los ingresos declarados permiten justificar la adquisición del inmueble o si existen diferencias que requieran una explicación adicional.
La investigación también incluye a Edith Bonificia Villalba de Duarte, esposa del presidente de Conatel, quien ocupa un cargo de jefatura dentro de la misma institución pública. El análisis abarcará los antecedentes patrimoniales de ambos con el propósito de verificar el origen de los recursos utilizados para la compra de la propiedad.
Desde la Contraloría señalaron que, si durante el examen se detectan inconsistencias, indicios de enriquecimiento ilícito o incrementos patrimoniales sin respaldo, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para que evalúe la apertura de una investigación penal.
Las autoridades también aclararon que el procedimiento administrativo contempla el respeto al debido proceso. En caso de surgir observaciones, el funcionario tendrá la posibilidad de presentar los documentos y las explicaciones que considere pertinentes para justificar la evolución de su patrimonio antes de que la institución adopte una determinación definitiva.
