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La decisión vuelve a instalar el debate sobre el eventual retorno de las fotomultas y otros sistemas automatizados de control.
La iniciativa avanzó con rapidez en el Congreso Nacional. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en mayo y recibió la sanción definitiva del Senado a comienzos de junio, antes de ser remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La normativa fue impulsada por los diputados Hugo Meza y Miguel Del Puerto, ambos del movimiento oficialista, y establece un régimen excepcional de vigencia por doce meses para reforzar las acciones de control y fiscalización del tránsito.
Uno de los puntos que genera mayor discusión es el alcance de las atribuciones conferidas a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. La ley autoriza a la institución a implementar medidas administrativas extraordinarias y a utilizar herramientas tecnológicas para la prevención, el control y la fiscalización de las infracciones, aunque el texto no detalla cuáles serán esos mecanismos.
Esa amplitud en la redacción abrió nuevamente el debate sobre la posibilidad de reinstalar las fotomultas y los radares electrónicos para sancionar excesos de velocidad y otras infracciones. En el pasado, este sistema fue objeto de cuestionamientos y controversias judiciales por la forma en que se aplicaban las sanciones.
La ley también faculta a la Agencia Nacional de Tránsito a reglamentar, mediante resoluciones administrativas, los procedimientos operativos, técnicos e interinstitucionales necesarios para ejecutar las medidas previstas durante la vigencia de la emergencia.
Durante el tratamiento parlamentario del proyecto, el presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, defendió públicamente el uso de las fotomultas como herramienta de control y sostuvo que quienes respetan las normas de tránsito no deberían temer a este tipo de fiscalización, al considerar que las sanciones solo alcanzarían a quienes cometan infracciones.
