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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó al camarista Digno Arnaldo Fleitas para integrar el Tribunal de Apelación encargado de estudiar los recursos presentados en el marco del caso Berilo, en el que están acusados el presunto líder narco Reinaldo Javier "Cucho" Cabaña, el exdiputado colorado Ulises Quintana y otras 21 personas.
Con esta decisión, la máxima instancia judicial destrabó el proceso en segunda instancia, al rechazar la impugnación planteada contra Fleitas luego de que el camarista Paublino Escobar Garay se apartara de la causa alegando una situación de odio y enemistad con uno de los abogados defensores.
Tras ser ratificado, Fleitas integrará el Tribunal que deberá resolver las apelaciones promovidas por las defensas de "Cucho" Cabaña, Ulises Quintana y otros procesados, quienes cuestionan el rechazo de diversos incidentes planteados durante la audiencia preliminar, entre ellos pedidos de nulidad de la acusación fiscal.
La causa fue elevada a juicio oral el pasado 31 de marzo por el juez de garantías Miguel Palacios, quien concluyó que existían elementos suficientes para que los acusados enfrenten un debate público por presuntos hechos vinculados al narcotráfico y lavado de activos.
En esa misma resolución, según informan desde Megacadena, el magistrado dispuso el levantamiento de la prisión preventiva de Cabaña y Quintana, otorgándoles libertad ambulatoria bajo medidas restrictivas. En el caso del presunto narcotraficante, este debe utilizar una tobillera electrónica y tiene limitaciones para desplazarse fuera de las ciudades de Asunción y Lambaré, además de la prohibición de salir del país.
La investigación del Ministerio Público se inició en abril de 2018 a partir de interceptaciones telefónicas que permitieron identificar una supuesta estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas desde Bolivia, pasando por Ciudad del Este y con destino final en Brasil.
Según la acusación fiscal, Reinaldo Javier Cabaña lideraba la organización y era el encargado de dirigir, financiar y coordinar las operaciones ilícitas. La estructura, presuntamente integrada por familiares y colaboradores cercanos, cumplía funciones específicas relacionadas con el acopio, transporte, distribución y comercialización de estupefacientes.
La Fiscalía sostiene además que parte del grupo se dedicaba al lavado de activos mediante empresas y negocios que eran utilizados para introducir al sistema financiero recursos provenientes del narcotráfico. Las pesquisas también permitieron la incautación de cargamentos de cocaína, sumas importantes de dinero y otros elementos considerados evidencias clave.
Entre los acusados figuran funcionarios públicos y agentes policiales que, según la hipótesis fiscal, habrían brindado protección a la organización mediante la omisión de procedimientos, simulación de allanamientos, liberación de personas detenidas y recepción de pagos indebidos.
Respecto al exdiputado Ulises Quintana, el Ministerio Público sostiene que habría colaborado con la estructura criminal realizando gestiones para favorecer a integrantes del grupo, facilitar la liberación de dinero y contribuir al funcionamiento de las operaciones investigadas.
