PolíticaSenado debate mañana reforma

Huelga de choferes de buses sigue firme

A pesar de la mesa de diálogo instalada con el Gobierno, los sindicatos mantienen en pie el paro de 48 horas previsto para este 3 y 4 de septiembre. Los choferes denuncian exclusión del debate sobre la reforma del transporte y exigen garantías laborales antes de cualquier cambio legislativo.

2 Septiembre de 2025
2 Septiembre de 2025
Transporte público.
Transporte público. IP.

La mesa tripartita entre el Viceministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos se reanudó ayer lunes para intentar frenar el paro de 48 horas previsto para este martes 2 y miércoles 3 de septiembre. Los gremios ratifican la medida si sus reclamos no ingresan al texto de la reforma que el Senado anunció que tratará mañana miércoles. El conflicto se concentra en garantías laborales y participación real en el proceso.

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La reunión de la mesa de diálogo siguió ayer lunes 1 de septiembre, a horas de que se inicie la huelga. Trabajo y Transporte buscan un acuerdo para desactivar la protesta anunciada por choferes de 31 empresas. El paro, de 48 horas, sigue en pie mientras no haya cambios concretos en el proyecto.

En paralelo, la mesa directiva del Senado confirmó que mañana miércoles tratará el proyecto de reforma del sistema de transporte público remitido por el Poder Ejecutivo, lo que eleva la tensión: la sesión coincidiría con el segundo día del paro si no hay avance en la negociación.

Qué piden los choferes

Los sindicatos señalan que fueron excluidos del debate de la reforma y exigen participación vinculante en los puntos que afectan de forma directa sus condiciones de trabajo. Entre los reclamos están la estabilidad laboral, el reconocimiento de la antigüedad, el aseguramiento de aportes jubilatorios al IPS y reglas claras de jornada, descansos y fiscalización para evitar retrocesos. Referentes como Gerardo Giménez (Fetrat) sostienen que el texto "no garantiza" derechos y que la discusión se hizo "entre cuatro paredes".

Los gremios ratificaron que 31 de las 35 empresas —unas 40 líneas— se adherirán a la huelga si sus planteamientos no se incorporan al proyecto que avanza en el Congreso.

Qué propone la reforma

El plan del Ejecutivo reconfigura el sistema: el Estado asumiría la provisión de flota mediante concesiones a empresas proveedoras y luego pondría los buses a disposición de los operadores; se exige que la flota no supere 15 años y se prioricen unidades de bajas o cero emisiones. Además, se licitarían contratos para infraestructura (patios, estaciones, terminales) y servicios complementarios como gestión tecnológica, inspección técnica y evaluación de conductores.

Documentos oficiales del MOPC detallan la separación entre provisión de flota y operación del servicio, y la creación de nuevas figuras contractuales dentro de un rediseño institucional del sistema.

El punto más sensible: empleo y reconversión

Un eje del conflicto es la eventual concentración de operadores: el proyecto impulsa que las actuales 35 empresas se asocien en consorcios para competir por "unidades funcionales", lo que, según los sindicatos, puede dejar a trabajadores sin certezas sobre continuidad y antigüedad. Desde el plano político, voces del Senado aseguran que la reforma no dejará sin trabajo a los conductores y que se buscarán salvaguardas.

Organizaciones de usuarios como Opama consideran "entendible" la huelga ante la falta de garantías y, además, reclaman que el Comité Asesor del sistema tenga carácter vinculante en las decisiones que afecten el servicio.

Cómo va la negociación

La primera ronda tripartita del viernes pasado terminó sin acuerdo y pasó a cuarto intermedio, con el compromiso de revisar artículos señalados por los trabajadores y retomar la mesa ayer lunes. Los sindicatos mantienen el paro anunciado para este martes 2 y miércoles 3 de septiembre si no hay señales de cambio en el texto.

El Ministerio de Trabajo y el Viceministerio de Transporte aceleran contactos para insertar cláusulas de protección laboral y mecanismos de participación. De lograr un entendimiento, el Ejecutivo buscaría llevarlo al Senado antes o durante el tratamiento para morigerar el conflicto.

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