Diputados raboneros acumulan larga lista de proyectos sin tratar
La Cámara de Diputados arrastra desde hace semanas una seguidilla de sesiones sin avances en leyes fundamentales, debido a la constante falta de quórum y a una agenda copada por discusiones políticas, principalmente los procesos de intervención a municipios como Ciudad del Este. Esta dinámica dejó en suspenso iniciativas de alto impacto social que siguen sin ser tratadas.
El caso más evidente es el del proyecto de protección de datos personales, que debía ser debatido el pasado 2 de septiembre pero nuevamente fue aplazado porque no se alcanzó el número mínimo de presentes. La iniciativa ya había sido postergada en agosto y corre el riesgo de perder estado parlamentario si no se aprueba antes del 8 de noviembre, pese a que regula derechos urgentes en la era digital.
En paralelo, el polémico proyecto del Ejecutivo que crea un "súperministerio" al fusionar Industria y Comercio con Turismo y Minas y Energía también quedó en pausa, tras ser postergado por 15 días. La medida responde a las presiones de sindicatos y al ruido político generado en torno a la ANDE y la política energética, pero refleja cómo se estiran los plazos sin definiciones claras.
El sistema de transporte público es otro ejemplo de la parálisis. Una propuesta de reforma integral fue dejada de lado, mientras se espera el proyecto del Ejecutivo. Diputados ya postergaron un texto alternativo presentado por legisladores, y el Senado recién abrió una mesa técnica, dejando a la ciudadanía sin respuestas frente al deterioro del servicio.
El área social también sufre la inacción. El proyecto de pensión para personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad fue bloqueado en mayo, cuando no hubo quórum para tratar el veto presidencial, lo que terminó en su archivo. Meses después se dictaminó un nuevo texto que eleva al 50% el umbral de discapacidad requerido, pero todavía no llegó al pleno. En paralelo, la ampliación de la pensión para adultos mayores sigue sin avances concretos.
Otros temas sensibles también quedaron congelados. El cambio de horario oficial para volver al doble horario de verano e invierno se postergó sin fecha en julio, sin consenso sobre sus efectos energéticos y laborales. Y la propuesta para elevar las penas por corrupción, que planteaba castigos de hasta 15 años de cárcel, fue aplazada por 21 días en agosto para ajustes en comisiones, pese a la presión ciudadana de acelerar medidas contra la impunidad.
Mientras tanto, las sesiones de Diputados se llenan de pedidos de intervención municipal y discusiones internas que arrastran todo el calendario. En varias ocasiones, como ocurrió a fines de agosto, la jornada se levantó por falta de quórum, sin que se llegue siquiera a debatir los puntos sociales incluidos en el orden del día. Esta práctica refleja una desconexión creciente entre las prioridades políticas de la Cámara y las demandas urgentes de la ciudadanía.