Sesión

Diputados exige al Gobierno pruebas sobre denuncia de ciberataques atribuidos a China

La Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes dirigido al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) para que explique y documente las denuncias sobre presuntas operaciones de ciberespionaje atribuidas al Gobierno de la República Popular China contra sistemas informáticos del Estado paraguayo.
Ciberataque masivo a instituciones del Estado paraguayo. Web.

La solicitud surge días después de que el Mitic y la Embajada de Estados Unidos informaran públicamente sobre la detección de supuestas actividades cibernéticas maliciosas identificadas durante un proceso de revisión de seguridad realizado el año pasado.

La iniciativa fue presentada por el diputado Adrián "Billy" Vaesken (PLRA), quien reclamó que una acusación de semejante magnitud debe estar respaldada por evidencias técnicas contundentes. El legislador sostuvo que el Gobierno debe actuar con responsabilidad al señalar a otro Estado por un hecho de esta naturaleza y advirtió que una imputación internacional sin fundamentos suficientes podría generar consecuencias diplomáticas.

El parlamentario señaló que resulta indispensable conocer qué elementos permitieron al Mitic atribuir los ataques al Gobierno chino y afirmó que, si efectivamente existieron hechos punibles, corresponde que las autoridades judiciales lleven adelante las investigaciones pertinentes y determinen las responsabilidades.

El requerimiento aprobado por la Cámara Baja solicita una copia del comunicado oficial emitido conjuntamente por el Mitic y el Gobierno de los Estados Unidos, además de un informe técnico detallado que explique los indicios utilizados para vincular los incidentes con actores relacionados con China.

Asimismo, los diputados requieren información precisa sobre la naturaleza de los ataques detectados, los sistemas estatales que habrían sido afectados, las fechas en que ocurrieron los incidentes, el método utilizado para ejecutar las infiltraciones y los indicadores técnicos empleados para realizar la atribución, incluyendo direcciones IP, herramientas informáticas, firmas digitales y demás elementos periciales.

El pedido también exige la remisión de auditorías, monitoreos e informes técnicos elaborados por el Mitic o por entidades especializadas que hayan servido de sustento para la denuncia pública, así como detalles sobre la cooperación desarrollada con agencias estadounidenses de inteligencia y ciberseguridad durante la investigación.

Entre los documentos requeridos figura igualmente la comunicación remitida por el Poder Ejecutivo a la Fiscalía General del Estado tras detectarse las supuestas vulneraciones, además de un informe sobre las acciones implementadas para reforzar la protección de la infraestructura informática del Estado paraguayo y reducir los riesgos de nuevos ataques.

Durante el debate parlamentario, Vaesken manifestó además su preocupación por las implicancias geopolíticas del caso y advirtió que Paraguay debe manejar con extrema cautela este tipo de denuncias, teniendo en cuenta el escenario internacional y la histórica relación diplomática del país con Taiwán.

El legislador, quien se ha manifestado públicamente a favor de abrir relaciones diplomáticas con China continental, insistió en que la transparencia es indispensable para evitar que el país adopte posiciones internacionales sin la debida fundamentación técnica.

Uno de los aspectos que llamó la atención durante la sesión fue que el pedido de informes fue aprobado sin encontrar la resistencia habitual de la bancada cartista, que en otras ocasiones ha bloqueado solicitudes de información dirigidas al Poder Ejecutivo.

El debate se desarrolla en medio de una creciente tensión diplomática luego de que el Gobierno paraguayo, con respaldo de Estados Unidos, responsabilizara públicamente a grupos vinculados a China por presuntas operaciones de ciberespionaje contra instituciones estatales. Mientras tanto, el Ministerio Público ya abrió una investigación penal para esclarecer los hechos y determinar si existió acceso indebido a sistemas informáticos del Estado y quiénes serían los responsables.