Proponen una ley para garantizar medicamentos y evitar la interrupción de tratamientos
La propuesta surge en un escenario marcado por los reiterados reclamos de asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) debido a la escasez de fármacos, una situación que afecta principalmente a personas con enfermedades crónicas, pacientes oncológicos y quienes requieren tratamientos de alta complejidad. La problemática incluso motivó el impulso de un proyecto de ley que declara la emergencia en la previsional, actualmente en estudio en el Congreso.
Con esta iniciativa, Espínola plantea pasar de una respuesta basada en medidas de urgencia a un modelo preventivo que obligue al Estado a anticipar posibles faltantes mediante una planificación permanente, sistemas de monitoreo y mecanismos de abastecimiento oportuno.
El legislador sostiene que la continuidad terapéutica debe ser considerada una obligación del Estado y una garantía derivada del derecho constitucional a la salud. En ese sentido, afirma que las instituciones públicas deben contar con herramientas que permitan asegurar la provisión ininterrumpida de medicamentos esenciales, evitando que los pacientes deban suspender sus tratamientos o afrontar elevados costos para adquirirlos por cuenta propia.
El proyecto contempla la implementación de políticas orientadas a detectar con anticipación riesgos de desabastecimiento y coordinar acciones que permitan mantener disponibles los medicamentos considerados indispensables para la atención de los pacientes.
Al anunciar la presentación de la iniciativa, Espínola señaló que el objetivo no es centrar el debate en la búsqueda de responsables, sino ofrecer una solución concreta a un problema que afecta diariamente a miles de personas. Afirmó que quienes dependen de un tratamiento médico no pueden esperar mientras persisten las discusiones políticas, ya que la falta de medicamentos puede comprometer seriamente su salud e incluso poner en riesgo sus vidas.
La propuesta se suma al debate instalado en torno a la crisis del IPS y al reclamo de distintos sectores para que el Estado adopte medidas estructurales que garanticen el acceso oportuno a medicamentos, evitando que las deficiencias administrativas o financieras se traduzcan en la suspensión de tratamientos esenciales para la población.