Kattya González llevará su expulsión del Senado ante la CIDH y denunciará violencia digital
La exparlamentaria explicó que, tras ser notificada de la resolución de la Corte Suprema de Justicia el pasado 17 de junio, comenzó a correr el plazo de seis meses previsto para recurrir al sistema interamericano. Su intención es que el caso sea admitido por la CIDH y, posteriormente, pueda llegar a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que eventualmente podría determinar la responsabilidad internacional del Estado paraguayo.
González señaló que ya mantiene conversaciones con especialistas y referentes vinculados a organismos internacionales con el propósito de definir la estrategia jurídica que sustentará la presentación. Indicó que uno de los aspectos centrales de la demanda será la presunta utilización de campañas coordinadas de violencia digital como parte del proceso que desembocó en su salida del Senado.
Según manifestó, durante el conflicto político se impulsó en redes sociales una intensa campaña de desprestigio identificada con la etiqueta #FueraKattya, cuyo objetivo —afirmó— fue instalar una imagen negativa de su persona ante la opinión pública. La exlegisladora sostuvo que ese operativo trascendió el debate político y respondió a una estrategia organizada cuyo financiamiento y origen, según dijo, hasta hoy se desconocen.
A su criterio, la construcción de un entorno de desinformación y hostigamiento fue utilizada para justificar posteriormente la pérdida de su banca, por lo que considera que la actuación de las instituciones no puede analizarse de manera aislada de lo ocurrido en el ámbito digital.
La exsenadora sostuvo además que el caso supera su situación particular y plantea un debate de mayor alcance sobre la protección de la democracia y de los derechos políticos. Advirtió que el uso de recursos para promover campañas masivas de descrédito contra dirigentes puede afectar la libre participación política y condicionar el funcionamiento de las instituciones democráticas.
También expresó preocupación por el crecimiento de la violencia digital en la región, especialmente contra mujeres que ejercen funciones públicas. Recordó que recientemente expuso esta problemática durante una audiencia pública desarrollada en Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y afirmó que espera que su caso contribuya a generar criterios y precedentes internacionales sobre el impacto de las campañas coordinadas de hostigamiento, desinformación y ataques digitales dirigidos contra mujeres en la política.
Con esta acción internacional, González busca reabrir el debate sobre la legalidad de su expulsión del Senado y trasladar el caso al ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, donde sostiene que fueron vulneradas garantías fundamentales relacionadas con el ejercicio de la representación política y el debido proceso.