Derecho constitucional a la transparencia está en peligro
El Senado se prepara para debatir este miércoles el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, una iniciativa que promete fuertes tensiones entre el derecho a la intimidad y el acceso ciudadano a la información pública. Especialistas como Mari Carmen Sequera y la diputada Rocío Vallejo advierten que el texto aprobado por Diputados puede convertirse en una herramienta de censura institucional y retroceso democrático.
Un proyecto técnico con consecuencias políticas
Tras más de un año de debate, el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales del Paraguay entra en su etapa decisiva. La versión aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 14 de octubre encendió todas las alarmas: introduce un procedimiento que condiciona la entrega de información pública al consentimiento previo del titular de los datos, junto con una notificación formal y un dictamen administrativo no vinculante.
A primera vista, el texto parece una sofisticada medida de protección de la privacidad, pero, según los especialistas, el mecanismo tiene un efecto colateral grave: entorpece la Ley 5282/2014 de Acceso a la Información Pública, que garantiza el derecho de cualquier ciudadano a conocer cómo se administran los recursos del Estado.
El punto crítico es el artículo 24, cuya redacción podría volver prácticamente inoperante el acceso a datos públicos, en especial sobre salarios, contrataciones, viáticos y ejecución presupuestaria.
Mari Carmen Sequera: "El artículo 24 puede vaciar de contenido el derecho a saber"
Mari Carmen Sequera, directora ejecutiva de la organización TEDIC, fue una de las primeras en advertir la gravedad de lo que está en juego. En diálogo con medios y en distintos foros, explicó que el artículo 24 "no solo introduce trabas burocráticas innecesarias, sino que altera la lógica misma de la transparencia pública".
Según la especialista, el texto "plantea que, antes de entregar información, las instituciones deben avisar al titular de los datos, esperar su consentimiento y elaborar un dictamen que no tiene fuerza vinculante. Todo eso significa más tiempo, más discrecionalidad y menos garantías de acceso".
Sequera señala que ese esquema "crea una estructura que debilita el principio de máxima publicidad y puede usarse como excusa para negar información de interés público. Es decir, lo que hoy se entrega por regla, mañana podría depender de la voluntad del funcionario involucrado".
También advierte que el artículo genera vacíos legales sobre los plazos y mecanismos de notificación, lo que deja a los solicitantes en un limbo administrativo. "La norma no dice cómo se notificará al titular ni qué pasa si no responde. En la práctica, eso puede significar demoras indefinidas. Es abrir la puerta a la opacidad institucional", remarcó.
Para Sequera, lo ideal sería que el Senado suprima el artículo antes de la sanción definitiva. "Si se mantiene, solo queda esperar que el presidente objete parcialmente el texto. Pero depender de un veto es riesgoso: el daño puede estar hecho cuando la ley entre en vigencia. Lo responsable es corregirlo ahora, en el Congreso", enfatizó.
Lo que dijo la diputada Rocío Vallejo
La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida, comparte la preocupación. Para ella, la versión de Diputados "ata de pies y manos la transparencia pública" y "pone un corset legal al derecho a informarse sobre el uso de fondos estatales".
Vallejo explicó que el texto contradice directamente la Ley de Acceso a la Información Pública, porque "obliga a pedir permiso a la misma persona cuya gestión se busca examinar". "Nadie va a querer que se difundan sus datos, y con eso bastará para frenar cualquier investigación o pedido ciudadano", cuestionó.
La legisladora subrayó que la norma, de aprobarse tal como está, implicaría "un retroceso total" en materia de transparencia. "No se trata solo de un artículo técnico. Es una decisión política que puede cambiar la relación entre la ciudadanía y el Estado. Lo mínimo es que el Poder Ejecutivo vete esa parte del proyecto si el Senado no la corrige", insistió.
Qué pasó en Diputados y qué puede ocurrir en el Senado
El proyecto fue aprobado en Diputados tras una votación dividida, con apoyo del bloque oficialista y algunos aliados liberales. En esa sesión se rechazaron las sugerencias de especialistas y se mantuvo el polémico artículo 24 casi sin modificaciones.
Ahora el texto pasa al Senado, que deberá elegir entre dos caminos: ratificarse en su propia versión anterior —considerada "menos dañina" por los técnicos— o aceptar la versión de Diputados, que endurece los requisitos. Si no logra mayoría absoluta para sostener su redacción, la versión más restrictiva quedará automáticamente sancionada y será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto parcial.
Qué dice el oficialismo
Desde el movimiento Honor Colorado, el presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, afirmó que el Senado "va a mantener la versión menos conflictiva", la redactada por su Cámara en el segundo trámite. Según explicó, "la idea es evitar cualquier afectación a la ley de acceso a la información y garantizar un equilibrio entre derechos".
En la misma línea, el senador Derlis Maidana sostuvo que "el proyecto no busca restringir la transparencia, sino compatibilizarla con la intimidad y el derecho a la vida privada". Agregó que la redacción aprobada por las comisiones del Senado "establece salvaguardas" para impedir que el artículo 24 sea usado como excusa para ocultar información.
Sin embargo, para los expertos consultados, esas garantías son insuficientes si se mantiene la exigencia de consentimiento previo. "En la práctica —alertan— eso otorga a cada funcionario la llave para bloquear el acceso a información que pertenece a todos".
Qué puede pasar el miércoles
El tratamiento del proyecto está previsto para el miércoles 29 de octubre, y se perfila como una sesión decisiva. Si el Senado elimina el artículo 24, la ley podría salir fortalecida, con un equilibrio real entre privacidad y transparencia. Pero si se ratifica el texto de Diputados, Paraguay podría retroceder dos décadas en materia de rendición de cuentas y control ciudadano.
Mari Carmen Sequera resume la situación en una frase: "Esta no es una discusión técnica, es una discusión sobre el poder. Quién puede acceder a la información y quién decide qué se conoce. Si se aprueba el artículo 24, el poder se concentra otra vez en manos del Estado. Y eso nunca termina bien."