Debate de jubilación VIP se reactiva en el Congreso
Mientras el país discute ajustes al sistema previsional y el Gobierno impulsa reformas que afectan a distintos sectores del Estado, el Senado se prepara para retomar esta semana el análisis de la cuestionada caja jubilatoria de los legisladores. El debate comenzará en comisión desde este lunes 16 de marzo y reaviva una discusión incómoda para la clase política: si el Congreso está dispuesto a revisar sus propios beneficios después de haber exigido sacrificios a otros sectores del sistema previsional.
La revisión del régimen parlamentario vuelve a instalarse en la agenda legislativa luego de la polémica sesión en la que el Senado introdujo modificaciones al proyecto de reforma de la Caja Fiscal impulsado por el Ejecutivo. Aquella discusión generó tensiones con Diputados y dejó en evidencia que el Congreso todavía no había avanzado con la revisión de su propio sistema jubilatorio, pese a que el oficialismo había prometido hacerlo como una señal de coherencia institucional.
El debate resurgió con fuerza cuando el senador Silvio "Beto" Ovelar recordó públicamente que el Congreso aún tiene pendiente discutir su propio esquema de jubilaciones. El legislador sostuvo que los parlamentarios deben asumir el costo político de revisar sus beneficios si pretenden sostener el discurso de responsabilidad fiscal frente a la ciudadanía.
Inicio del análisis en comisión
El estudio del proyecto comenzará en la Comisión de Legislación y Codificación del Senado, presidida por el senador Derlis Maidana. El legislador adelantó que el lunes los miembros de la comisión analizarán los alcances de la propuesta aprobada en Diputados y que a partir de ese estudio cada bancada definirá su posición sobre eventuales cambios al fondo jubilatorio del Congreso.
Según Maidana, el debate había quedado relegado porque el Senado concentró su atención en la reforma de la Caja Fiscal. Sin embargo, una vez superada esa discusión, el Congreso deberá enfrentar ahora la revisión de su propio sistema de jubilaciones, un tema que históricamente genera fuertes críticas en la opinión pública.
El proyecto que está en manos del Senado ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y contiene modificaciones al régimen actual, aunque mantiene varios de los beneficios que alimentan la polémica sobre las llamadas "jubilaciones VIP".
Los cambios que aprobó Diputados
Entre las modificaciones incorporadas en Diputados figura el aumento de la edad mínima para acceder a la jubilación ordinaria de los parlamentarios. El proyecto establece que los legisladores podrán retirarse a los 60 años con un mínimo de 15 años de aportes, equivalentes a tres periodos legislativos.
Con esos requisitos, el beneficio alcanza el 80% de la dieta parlamentaria más los gastos de representación. Si bien la propuesta endurece parcialmente las condiciones actuales, el esquema sigue siendo ampliamente más favorable que el régimen general que rige para la mayoría de los trabajadores.
El sistema también mantiene la figura de la jubilación extraordinaria, uno de los puntos más cuestionados del régimen parlamentario. Bajo esta modalidad, los legisladores pueden acceder al retiro con apenas 10 años de aportes, equivalentes a dos periodos legislativos, y desde los 55 años de edad.
En ese caso, el beneficio equivale al 60% de la dieta parlamentaria, lo que para críticos del sistema sigue representando un privilegio difícil de justificar frente a las exigencias que enfrentan otros sectores del sistema previsional.
Pensiones y costos del sistema
El proyecto también introduce cambios en el régimen de pensiones para familiares de parlamentarios. La propuesta elimina la posibilidad de que los hijos hereden el beneficio, pero mantiene la pensión para viudas y viudos de legisladores fallecidos.
Ese beneficio se reduce del 40% al 25% del monto que percibía el parlamentario jubilado. De acuerdo con datos incluidos en el Presupuesto General de la Nación, actualmente existen 73 viudas y viudos de legisladores que reciben pensiones del fondo jubilatorio del Congreso.
El monto destinado para cubrir esas pensiones durante el año 2026 ronda los G. 3.700 millones, lo que vuelve a colocar bajo la lupa el costo que representa el sistema jubilatorio parlamentario.
Aportes estatales y nuevas críticas
Otro de los puntos más polémicos del régimen es la participación del Estado en el financiamiento de la caja parlamentaria. Aunque en 2019 se había eliminado formalmente la posibilidad de aportes provenientes del Tesoro, en los últimos años el Congreso aprobó transferencias que totalizan alrededor de G. 10.000 millones para sostener el fondo jubilatorio.
Ese antecedente alimentó nuevas críticas desde sectores opositores que consideran que el sistema mantiene privilegios incompatibles con la situación fiscal del país.
Los legisladores Raúl Benítez y Johanna Ortega incluso impulsaron iniciativas para eliminar completamente la Caja Parlamentaria, planteando que los congresistas deberían integrarse al sistema general de jubilaciones. Sin embargo, esas propuestas no lograron reunir los votos necesarios en el Congreso.
Una discusión políticamente incómoda
El inicio del análisis en el Senado abre ahora un debate que va más allá del aspecto técnico del sistema previsional. La discusión se produce en un contexto en el que el Gobierno impulsa cambios en la Caja Fiscal que afectan a docentes, militares, policías y otros sectores del Estado.
En ese escenario, el Congreso enfrenta una presión creciente para demostrar coherencia entre el discurso de responsabilidad fiscal y la revisión de los beneficios que históricamente han protegido a sus propios miembros.
La discusión que comenzará esta semana en comisión será el primer paso de un proceso que podría extenderse durante varias sesiones del Senado. Lo que está en juego no es solo el futuro del fondo jubilatorio parlamentario, sino también la credibilidad del Congreso en un momento en que el país debate reformas profundas en su sistema previsional.