PolíticaCaja parlamentaria
La iniciativa había sido mencionada como un gesto de "ejemplo institucional", pero con el paso de las semanas el impulso inicial perdió fuerza mientras el oficialismo concentraba su energía en la reforma del sistema jubilatorio estatal.
El tema resurgió tras la tensa sesión del miércoles en la que el Senado introdujo modificaciones al proyecto del Ejecutivo sobre la Caja Fiscal, generando molestia en diputados colorados que habían aprobado el texto sin cambios. En ese contexto, el senador Silvio "Beto" Ovelar recordó públicamente que el Congreso aún tiene pendiente revisar su propio sistema jubilatorio y planteó que los legisladores deben demostrar coherencia tras exigir sacrificios a otros sectores.
Ovelar sostuvo que actuó con convicción durante el debate y que asume el costo político de sus decisiones, pero remarcó que la discusión sobre la Caja Parlamentaria no puede seguir postergándose. Según señaló, el Congreso debería avanzar en un análisis serio de sus propios privilegios si pretende sostener el discurso de responsabilidad fiscal frente a la ciudadanía.
El tratamiento del tema comenzará en la Comisión de Legislación y Codificación del Senado, presidida por el senador Derlis Maidana. El legislador adelantó que el lunes los miembros de la comisión evaluarán los alcances de la propuesta y que a partir de ese análisis cada parlamentario fijará una postura definitiva sobre eventuales modificaciones al fondo jubilatorio del Congreso.
Maidana explicó que hasta ahora la atención de los legisladores estuvo concentrada en el debate sobre la reforma de la Caja Fiscal, lo que impidió profundizar el estudio del régimen parlamentario. No obstante, aseguró que la comisión abordará el asunto con mayor claridad una vez finalizada la discusión del sistema jubilatorio estatal.
El proyecto que está sobre la mesa ya generó controversia desde su paso por la Cámara de Diputados, donde una mayoría impulsada por el cartismo introdujo cambios en el régimen actual. Entre las modificaciones aprobadas figura el aumento de la edad mínima para la jubilación ordinaria a 60 años, con un mínimo de 15 años de aportes equivalentes a tres periodos legislativos. Con esas condiciones, los congresistas podrían retirarse percibiendo el 80% de sus dietas.
A pesar de ese endurecimiento parcial de los requisitos, el sistema mantiene la posibilidad de jubilación extraordinaria. Bajo esa modalidad, los legisladores pueden acceder al retiro con apenas 10 años de aportes, equivalentes a dos periodos parlamentarios, y desde los 55 años de edad. En ese caso, el beneficio corresponde al 60% de la dieta parlamentaria más los gastos de representación.
Otro de los cambios planteados afecta al sistema de pensiones para familiares. El proyecto elimina la posibilidad de que los hijos hereden el beneficio, pero mantiene la pensión para viudas y viudos de legisladores fallecidos. Esa prestación se reduce del 40% al 25% del monto que percibía el parlamentario jubilado.
Según los datos incluidos en el presupuesto general de este año, actualmente existen 73 viudas y viudos de legisladores que reciben pensiones del fondo jubilatorio del Congreso. El monto destinado para cubrir esos pagos durante el 2026 ronda los G. 3.700 millones.
Uno de los puntos que más cuestionamientos genera es la participación del Estado en el financiamiento del fondo parlamentario. Aunque en 2019 se había eliminado la posibilidad de aportes provenientes del Tesoro, en los últimos tres años los congresistas aprobaron transferencias que totalizan G. 10.000 millones para sostener el sistema jubilatorio del Congreso.
Ese antecedente reavivó las críticas de sectores opositores que consideran que el régimen parlamentario mantiene privilegios incompatibles con la situación fiscal del país. Los legisladores Raúl Benítez y Johanna Ortega incluso presentaron propuestas para eliminar completamente la Caja Parlamentaria, aunque esas iniciativas no lograron respaldo suficiente en el Congreso.
Con el inicio del estudio en comisión, el Senado se enfrenta ahora a una discusión incómoda para la clase política. Mientras el Gobierno impulsa cambios en el sistema jubilatorio estatal que afectan a distintos sectores, el Congreso deberá decidir si está dispuesto a revisar los beneficios que históricamente han protegido a sus propios miembros.
