PolíticaParo de choferes
Los trabajadores denuncian que fueron marginados del debate, que no se garantizaron sus derechos laborales y que el proyecto fue elaborado de manera improvisada sin el consenso de los sectores sociales ni de los gremios.
Qué va a pasar y cuándo
Los sindicatos ya notificaron formalmente al Ministerio de Trabajo sobre la huelga, lo que habilita la suspensión de actividades durante dos días completos. Se prevé una fuerte reducción de colectivos en las calles y un alto acatamiento, lo que impactará en miles de usuarios. El Gobierno anunció que prepara un plan de contingencia para mitigar las consecuencias.
Quiénes convocan y por qué
La medida está impulsada por la Federación de Trabajadores del Transporte (FETRAT) y la Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT). Los gremios cuestionan que el proyecto en debate se elaboró de espaldas a los sindicatos y advierten que, sin cláusulas de protección claras, los cambios operativos pueden dejar vulnerables a los trabajadores en cuanto a estabilidad, continuidad laboral y reconocimiento de la antigüedad.
Antecedente inmediato
A fines de agosto los trabajadores ya habían anunciado un paro para los primeros días de septiembre. En esa ocasión, el Ejecutivo logró instalar una mesa tripartita que pospuso la huelga, pero los sindicalistas afirman que no hubo avances sustantivos y que sus reclamos no fueron atendidos, por lo que resolvieron volver a convocar la medida.
La reforma en el centro del conflicto
El proyecto aprobado en el Senado plantea un rediseño del sistema en un plazo de cuatro años, con licitaciones de concesiones de entre 15 y 20 años y la adquisición de buses por parte del Estado para ser entregados a los operadores. Estos vehículos deberán tener como máximo 15 años de antigüedad y priorizar la transición hacia unidades bajas o cero emisiones. Para los sindicatos, la propuesta abre la puerta a tercerizaciones y a un eventual reemplazo de empresas sin que se garantice la incorporación del personal con su antigüedad reconocida.
Los argumentos del Gobierno
Desde el Ejecutivo y los impulsores de la reforma en el Congreso sostienen que el objetivo es modernizar el transporte público, mejorar los tiempos de traslado y garantizar un servicio de calidad con foco en el usuario. Aseguran que el modelo planteado permitirá mayor control estatal, gestión sostenible y la introducción de buses más modernos y menos contaminantes.
Impacto esperado en la ciudadanía
Durante las 48 horas de paro, se espera una fuerte merma en la cantidad de buses que circulen en Asunción y el Área Metropolitana. Los gremios anticipan un alto nivel de acatamiento, mientras que las autoridades trabajan en la puesta en marcha de servicios mínimos o dispositivos alternativos para intentar reducir los efectos en los pasajeros.
Los puntos más polémicos del proyecto
Entre los aspectos más cuestionados por los trabajadores se encuentran la compra estatal de buses y su entrega a los operadores, las concesiones de larga duración y la falta de garantías sobre la estabilidad laboral en medio de los cambios que supondrá la transición del sistema. Los sindicatos exigen participar de audiencias públicas y mesas técnicas antes de que el proyecto sea votado en Diputados.
Lo que sigue en el Congreso
La Cámara de Diputados tiene en agenda el análisis del proyecto y los dirigentes sindicales reclaman que se los convoque para que sus planteamientos sean incluidos en la discusión. Advierten que, de mantenerse la exclusión y aprobarse la reforma en estas condiciones, las medidas de fuerza podrían extenderse.
