Caso Arévalo reabre debate sobre supuestos títulos falsos

El escándalo de los supuestos títulos falsos de abogado que involucra a legisladores colorados sigue generando controversia en el ámbito político y judicial. El caso de los chats trajo a colación el debate sobre la autenticidad de las credenciales académicas de dos legisladores: el exdiputado Orlando Arévalo y al senador Hernán David Rivas. La denuncia presentada por la empresaria Casse Giménez ha derivado en diversas acciones legales y administrativas.

En el caso de Arévalo, la fiscala Patricia Sánchez llevó adelante la investigación y se basó en los informes proporcionados por la Universidad Leonardo Da Vinci y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Sin embargo, se cuestiona que la investigación se haya limitado a testimonios de personas cercanas al legislador, quienes aseguraron que cursó la carrera, pese a que en sus certificados de estudios figuraban exámenes rendidos incluso en días feriados.

El Tribunal compuesto por los jueces Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández Rodríguez y Bibiana Teresita Benítez Faría decidió confirmar la desestimación de la denuncia contra Arévalo por la supuesta falsificación de su título de abogado. En su resolución, el juez Vera Navarro señaló que el Ministerio Público no ejerció debidamente la acción penal, aunque aclaró que su declaración no constituía una crítica a la labor fiscal, sino un análisis con fines explicativos sobre la potestad de la Fiscalía para decidir si impulsa o no una acción penal.

Por otro lado, el abogado Rodrigo Cuevas, representante de la empresaria denunciante, anunció que no se descarta presentar una denuncia ante el MEC debido a la sospecha de venta de títulos en ciertas instituciones de formación docente que estarían a cargo de una de las hijas de la pareja Arévalo-González. Esta nueva línea de investigación podría ampliar el alcance del caso y generar más repercusiones en el ámbito educativo y judicial.

La controversia en torno a estos supuestos títulos irregulares ha puesto en tela de juicio la transparencia en la designación de miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), ya que tanto Arévalo como Rivas fueron nombrados en sus cargos con base en credenciales académicas cuya legitimidad se encuentra en duda.