Reforma o impunidad, dilema del JEM

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano encargado de evaluar y sancionar a jueces y fiscales en Paraguay, se encuentra en el centro de un profundo cuestionamiento. La filtración de supuestos chats que revelarían presiones indebidas dentro del Poder Judicial ha generado un nuevo golpe a la confianza ciudadana en la justicia. Ante este panorama, el Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) ha lanzado una propuesta de reforma que busca erradicar la injerencia política y fortalecer la independencia del sistema judicial.

“El sistema está corrompido desde la base. La justicia no puede ser un botín político ni estar sujeta a intereses partidarios o del crimen organizado”, afirmó Jorge Arturo Daniel, presidente del CAP, en entrevista con El Nacional.

Entre las modificaciones clave que propone el gremio de abogados se encuentran:

-Eliminación de la injerencia política en el JEM, asegurando que su composición esté integrada únicamente por profesionales del derecho con trayectoria intachable.

-Incorporación de la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de la Defensa Pública en los procesos de selección y evaluación de jueces y fiscales.

-Establecimiento de criterios de evaluación estrictos, basados en la ética, idoneidad y transparencia, para la selección y permanencia de magistrados.

-Creación de mecanismos de control ciudadano que permitan auditar y fiscalizar el funcionamiento del JEM y evitar irregularidades.

“La manera en que hoy se eligen y sancionan jueces y fiscales es totalmente opaca y susceptible de manipulación. Debemos garantizar que quienes administran justicia sean personas realmente idóneas y no meros operadores políticos”, señaló Daniel.

El escándalo que puso en la mira al JEM

El debate sobre la reforma del JEM cobró fuerza tras la filtración de conversaciones que, supuestamente, habrían sido extraídas del teléfono del fallecido diputado Eulalio Gomes. En estos chats, Gomes dialogaba con el diputado Orlando Arévalo, quien se desempeñaba como vicepresidente primero del JEM, así como con fiscales y jueces de alto rango.

Las presuntas conversaciones revelan un esquema de tráfico de influencias, protección a magistrados y manipulación de decisiones judiciales. Según el CAP, estas filtraciones solo confirman lo que desde hace años se denuncia: la justicia paraguaya opera bajo un esquema de presiones y favores, lo que pone en duda su imparcialidad.

“La sociedad ya no cree en la justicia. Estos chats nos muestran que el poder político y el crimen organizado han tomado el control de los procesos judiciales. Si no reformamos el sistema ahora, estaremos condenados a vivir bajo la impunidad”, sentenció Daniel.

El CAP sostiene que este escándalo no solo afecta al JEM, sino que evidencia fallas estructurales en el Poder Judicial en su conjunto. Según el gremio, el Consejo de la Magistratura (CM), órgano encargado de la selección de jueces y fiscales, también requiere una reforma urgente, ya que su actual composición permite que actores políticos tengan un peso determinante en la designación de magistrados.

“Es inconcebible que magistrados sean elegidos sin un análisis profundo de su trayectoria, ética y compromiso con la justicia. No hay garantías de que quienes son nombrados realmente cumplan con los requisitos de independencia y transparencia”, criticó Daniel.

¿Una reforma constitucional como única solución?

Para el CAP, la única manera de garantizar un sistema judicial realmente independiente es a través de una reforma constitucional que modifique la estructura y el funcionamiento del JEM y el CM.

“El problema no es solo de leyes, sino de la propia Constitución. Tal como está diseñado el sistema, siempre habrá espacio para la manipulación política y la corrupción. Necesitamos un cambio de fondo, no solo parches temporales”, afirmó el presidente del CAP. Sin embargo, Daniel reconoce que impulsar una reforma constitucional no será fácil, ya que afectará directamente a los intereses de sectores políticos que hoy tienen control sobre la justicia.

“Modificar la Constitución tendrá un costo altísimo. No hay que ser ingenuos, sabemos que tocar estos temas afectará a muchos actores políticos y sectores de poder. Pero en algún momento nuestros referentes políticos deben entender que primero está el país y después sus intereses personales”, subrayó.

Para el CAP, una de las primeras modificaciones debe ser la exclusión de los actores políticos en la conformación del JEM. Actualmente, este organismo está compuesto por representantes de los tres poderes del Estado, lo que facilita la injerencia política en sus decisiones.

“El JEM no puede seguir siendo un tribunal político donde se protegen aliados y se castiga a enemigos. Necesitamos un organismo técnico, con jueces y abogados que no estén sujetos a presiones externas”, explicó Daniel.

Además, el CAP plantea que la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de la Defensa Pública deben tener un rol más activo dentro del JEM y el CM. “No puede ser que la Fiscalía no participe en la selección o reconfirmación de los fiscales. Son los bueyes con los que va a arar la institución, es ilógico que no tengan injerencia en su propio cuerpo de trabajo”, agregó el presidente del CAP.

El crimen organizado como nueva amenaza al sistema judicial

Otro punto que el CAP considera clave en la reforma es la protección del sistema judicial frente al avance del crimen organizado.

“Antes, el narcotráfico y el crimen organizado eran problemas de frontera, pero hoy ya han tomado todo el país, incluyendo el Poder Judicial. Hay jueces y fiscales que reciben presiones y amenazas constantes. Si no fortalecemos las instituciones, el crimen organizado terminará de apropiarse de la justicia”, alertó Daniel.

En este sentido, el CAP propone la creación de una unidad especial dentro del JEM y el CM que monitoree posibles casos de infiltración del crimen organizado en el sistema judicial. También sugieren establecer mecanismos de protección para jueces y fiscales que investigan delitos vinculados al narcotráfico y la corrupción.

¿Están listos los políticos para el cambio?

El gran desafío para la reforma del JEM es la voluntad política. Si bien la presión ciudadana y la indignación social han crecido, el CAP advierte que muchos sectores políticos intentarán frenar cualquier intento de cambio que reduzca su influencia sobre la justicia.

“La pregunta es si nuestros líderes políticos están dispuestos a renunciar a sus privilegios en favor de una justicia verdaderamente independiente. Hasta ahora, hemos visto muchas declaraciones a favor de la transparencia, pero pocas acciones concretas”, cuestionó Daniel.

A pesar de los obstáculos, el CAP asegura que seguirá presionando para que la reforma se concrete. “No podemos seguir tolerando un sistema judicial que responde a intereses políticos y no a los principios de justicia e imparcialidad. Paraguay merece una justicia digna y transparente”, concluyó el presidente del gremio de abogados.

Un punto de no retorno para la justicia paraguaya

El escándalo del JEM ha puesto al sistema judicial en una encrucijada. La necesidad de una reforma es innegable, pero su concreción dependerá de la presión ciudadana y la disposición de los actores políticos para avanzar en cambios estructurales.

El CAP ha dado el primer paso al plantear una reforma profunda y necesaria. Ahora, la decisión está en manos del Congreso y de la sociedad en su conjunto. ¿Permitirá Paraguay que la justicia siga siendo un instrumento de manipulación política y criminal, o se atreverá a dar el salto hacia un sistema verdaderamente independiente?