Mayor crisis de la era democrática

El Paraguay atraviesa una de las crisis institucionales más profundas desde la transición hacia la democracia en 1989. La filtración de chats del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes destapó una red de tráfico de influencias, corrupción y manipulación de la justicia que ha salpicado a jueces, fiscales, legisladores e incluso a instituciones del Poder Ejecutivo. El escándalo ha provocado la destitución de magistrados, la renuncia de un diputado y el descrédito de organismos fundamentales para el Estado de derecho.

A continuación, un repaso cronológico de los hechos que han sumido al país en un caos político y judicial sin precedentes.

19 de agosto de 2024: La muerte de Lalo Gomes

El caso comenzó con el allanamiento a la vivienda del diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes en Pedro Juan Caballero. Durante el operativo, Gomes fue abatido en un confuso enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Desde ese momento, comenzaron a surgir dudas sobre sus vínculos con el crimen organizado.

Enero de 2025: La filtración de los chats y el inicio del escándalo

Meses después de la muerte de Gomes, la publicación de una serie de conversaciones privadas reveló la existencia de una estructura de corrupción dentro del sistema judicial y legislativo. En los mensajes, el legislador negociaba con jueces y fiscales para manipular decisiones judiciales, avisar sobre allanamientos e incluso “operar” en el Congreso para proteger a aliados políticos.

Entre los nombres involucrados en los chats aparecieron jueces, fiscales y otros legisladores. Uno de los más comprometidos fue el diputado Orlando Arévalo (Honor Colorado), quien ocupaba el cargo de vicepresidente primero del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el órgano encargado de evaluar y sancionar a jueces y fiscales.

22 de enero de 2025: la denuncia del juez Osmar Legal

El juez especializado en crimen organizado Osmar Legal fue el primero en exponer públicamente los chats y señalar la gravedad del caso. Denunció que las conversaciones entre Lalo Gomes y Orlando Arévalo evidenciaban la manipulación del JEM para favorecer a jueces y fiscales afines al cartismo.

24 de enero de 2025: el Congreso Nacional en crisis

Tras la denuncia del juez Legal, sectores de la oposición impulsaron la pérdida de investidura del diputado Orlando Arévalo. Sin embargo, el cartismo tenía los votos suficientes para bloquear la destitución, lo que generó un fuerte repudio ciudadano y protestas en la capital.

26 de enero de 2025: la inacción del Ministerio Público

Pese a la gravedad del escándalo, el Ministerio Público no llevó a cabo allanamientos ni confiscó teléfonos de los implicados. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, fue duramente criticado por la oposición y la sociedad civil por su aparente pasividad en el caso.

El diputado opositor Raúl Benítez fue uno de los más enérgicos en sus declaraciones:
“El cartismo montó una estructura dentro del Ministerio Público que se dedica al blanqueo y a apagar incendios cuando se tenga que apagar. Ahora quieren conformar una terna fiscal para mandar al freezer este tema.”

29 de enero de 2025: la Corte Suprema reacciona

Bajo una creciente presión pública, la Corte Suprema de Justicia decidió suspender de manera inmediata a las juezas Carmen Silva y Ana Aguirre, involucradas en los chats con Lalo Gomes. En las conversaciones, ambas magistradas pedían favores judiciales e informaban sobre posibles operativos.

Además, la Corte ordenó una auditoría sobre los casos en los que las juezas habían intervenido y solicitó a la Contraloría General de la República que investigue su patrimonio.

31 de enero de 2025: la renuncia de Orlando Arévalo

Luego de días de presión y sin margen para sostener su defensa, el diputado Orlando Arévalo presentó su renuncia a la Cámara de Diputados. En un intento por desligarse del escándalo, argumentó que su salida era para “preservar la institucionalidad”, aunque en sus últimas declaraciones insistió en que era víctima de una persecución política.

2 de febrero de 2025: el impacto en el Poder Ejecutivo

El escándalo ya no se limitaba al Congreso y al Poder Judicial. Los chats también revelaron conexiones entre figuras del Ejecutivo y el esquema de tráfico de influencias. Si bien el presidente Santiago Peña intentó marcar distancia del caso, su respuesta fue cuestionada.

Desde el inicio de la crisis, Peña se mostró ambiguo en sus declaraciones, limitándose a señalar que “se debía respetar el debido proceso”. Sin embargo, su inacción fue interpretada como una señal de protección hacia los implicados.

La presión sobre el gobierno aumentó cuando la bancada opositora del Encuentro Nacional, liderada por Raúl Benítez, exigió acciones concretas:
“Exigimos al fiscal general Emiliano Rolón que con la misma valentía demostrada por el juez Osmar Legal impulse una investigación seria, que sancione con todo el peso de la ley a los delincuentes que prostituyen la justicia paraguaya para beneficiar al crimen organizado.”

El futuro de Paraguay en la incertidumbre

El escándalo de los chats de Lalo Gomes es solo la punta del iceberg de un sistema corroído por la corrupción y el tráfico de influencias. Con el Poder Judicial, el Congreso y el Ministerio Público en el ojo de la tormenta, la estabilidad institucional del país está en juego.

Las próximas semanas serán clave para definir si la justicia paraguaya realmente se atreverá a sancionar a los responsables o si, como en tantos otros casos, la impunidad se impondrá nuevamente.

Lo cierto es que Paraguay enfrenta una crisis sin precedentes, y la ciudadanía observa con preocupación cómo el crimen organizado y la corrupción han logrado penetrar todas las esferas del poder.