Contraloría analizará finanzas de autoridades

La Contraloría General de la República (CGR) anunció que iniciará un examen de correspondencia a los bienes del exdiputado Orlando Arévalo y de las juezas Carmen Silva y Ana Aguirre, ambas suspendidas tras su implicación en los chats filtrados del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

El proceso tiene como objetivo determinar la legitimidad de los bienes y patrimonios declarados por los involucrados, cotejando sus ingresos y egresos financieros. “Se verificará los ingresos conocidos y los gastos realizados por los implicados”, explicó Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, en una entrevista con Radio Monumental 1080 AM.

El funcionario aseguró que el análisis será llevado a cabo con la mayor celeridad posible y, en caso de detectarse irregularidades, los hallazgos serán remitidos al Ministerio Público para su investigación.

Orlando Arévalo, quien recientemente renunció a su banca en la Cámara de Diputados tras el escándalo de los chats filtrados, ya había solicitado un examen de correspondencia en 2023, aunque este no fue profundizado por la Contraloría en aquel momento.

Uno de los aspectos más llamativos en torno al exdiputado es la remodelación de su vivienda por un valor de 2.400 millones de guaraníes. Según reportes, Arévalo denunció a la constructora que realizó las obras, supuestamente como estrategia para evitar el pago de una deuda de 400 millones de guaraníes.

Desde la empresa constructora señalaron que los primeros pagos se realizaron en efectivo y que el exlegislador llevaba el dinero en maletines, además de negarse a recibir facturas por los montos abonados.

El escándalo de los chats ha destapado una presunta red de tráfico de influencias y corrupción dentro del sistema judicial y político paraguayo. La filtración de conversaciones entre el exdiputado Lalo Gomes y diversas autoridades reveló maniobras para manipular decisiones judiciales, levantar sanciones e incluso obstruir allanamientos.

En paralelo, Torres mencionó que en un proceso similar se encontraron irregularidades en el examen de correspondencia de Mauro Ruiz Díaz Vallejos, exdirector de Inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), quien está vinculado al presunto narcotraficante Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, uno de los principales objetivos del operativo A Ultranza PY.

Según la Contraloría, Ruiz Díaz habría movido aproximadamente 1.000 millones de guaraníes en un año, con gastos conocidos de 300 millones. Además, posee un vehículo de alta gama y múltiples inversiones inmobiliarias que no pudo justificar. Ante esta situación, su caso ya fue remitido al Ministerio Público.

Con el avance de estos exámenes de correspondencia, las investigaciones sobre las conexiones entre el poder político y el crimen organizado podrían arrojar nuevas revelaciones sobre el alcance de la corrupción en el país.