Congreso solicita información sobre comunidades indígenas

El diputado Carlos Godoy (ANR), presentó un proyecto de resolución de pedido de informes dirigido a varias instituciones públicas, con el objetivo de recoger datos, información y antecedentes respecto al cumplimiento de una ley que establece la incorporación de personas de comunidades indígenas a instituciones y organismos del Estado.

Se trata de la Ley N.º 6.279/2018, “Que establece la obligatoriedad de la incorporación de las personas pertenecientes a las comunidades indígenas en las instituciones públicas”.

Esta legislación tiene como objetivo establecer condiciones que propicien la participación y el acceso de toda persona perteneciente a comunidades indígenas al ejercicio de los cargos públicos no electivos.

Ello, con el fin de remover los obstáculos que generan desigualdad o discriminación de los mismos en razón de su identidad cultural.

El documento reza que todos los organismos y entidades del Estado, sean ellos de la administración central, entes descentralizados, gobernaciones y municipalidades; así como las personas jurídicas de derecho privado, con mayoría accionaria del Estado, deben incorporar y mantener dentro de su plantel de funcionarios, un porcentaje de personas indígenas que no será inferior al 1 % del total de la nómina de funcionarios nombrados.

“Es imperativo que como sociedad reconozcamos la importancia de proteger los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas. Es sumamente importante conocer el grado de cumplimiento de la mencionada norma por parte de algunas instituciones”, dice la exposición de motivos.

Refiere que los pueblos indígenas han enfrentado históricos desafíos, incluyendo la pérdida de sus tierras ancestrales; la discriminación; falta de acceso a servicios básicos; la vulneración de sus derechos culturales; y que a pesar de los esfuerzos por parte de las organizaciones indigenistas, la sociedad civil y al actual gobierno, la situación sigue siendo precaria.

En consecuencia, insta a todos los entes al cumplimiento de la normativa.

Deberán remitir información, de aprobarse el pedido, las siguientes instituciones: Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert); Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS); Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades); Ministerio de la Mujer; Ministerio de la Niñez y Adolescencia; Contraloría General de la República (CGR); Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel); Banco Central del Paraguay (BCP); y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Además, las gobernaciones de Presidente Hayes, Concepción, Caaguazú y Alto Paraguay. La propuesta será estudiada por el plenario de Diputados, el próximo martes.