Política
Condenan a 5 y 3 años de prisión a funcionarios aduaneros por extorsión a comerciantes
A través del esquema, incautaban las mercaderías y luego pedía plata para devolverlas. Foto: Gentileza.
Los agentes fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero, obtuvieron la condena de Óscar Villamayor Báez, exjefe de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA), Rodolfo Martínez Molinas, expolicía de Delitos Económicos; mientras que el estibador Alcides Ramón Ayala, fue condenado a 3 años de prisión, tras ser hallados culpables de extorsión a comerciantes de Central y otros puntos del país.
Rodolfo Martínez Molinas y Óscar Erwin Villamayor Báez fueron acusados por de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y extorsión en calidad de coautores y usurpación de funciones públicas en calidad de cómplices. Asimismo, Alcides Ramón Ayala por cohecho pasivo agravado en calidad de cómplice, extorsión en calidad de coautor y usurpación de funciones públicas en calidad de autor.
El hecho tuvo lugar el 9 de septiembre de 2022. Martínez Molinas, oficial inspector de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional y Villamayor Báez, agente especial de la Dirección Nacional de Aduanas, allanaron un local comercial ubicado en la avenida San Pedro casi Rómulo de la ciudad de San Lorenzo, en prosecución de un supuesto hecho de contrabando. También se encontraba Ayala, quien se presentó como supuesto funcionario de Aduanas.
Durante el procedimiento, Villamayor solicitó al esposo de la propietaria del lugar la suma de 50 millones de guaraníes para evitar la incautación de sus mercaderías. Como el hombre no accedió, lo amenazaron con llevarse todo lo incautado, además de su camioneta, y que sería imputado por el Ministerio Público. Tras varias negociaciones, quedaron en la entrega de 20 millones de guaraníes. Sin embargo, los acusados de igual forma llevaron las mercaderías incautadas.
Una semana después, los acusados volvieron a constituirse en el referido local y dijeron a los dueños que debían pagar 250 mil guaraníes de manera semanal, tanto para la Aduana como para la Policía, para evitar que se produjeran nuevos allanamientos.
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