Millones para el confort legislativo

El Congreso Nacional anunció una millonaria refacción y ampliación de las oficinas públicas en medio de dudas sobre manejo de recursos públicos, abriendo el debate sobre si será un nuevo carnaval con los bienes de los contribuyentes solamente para otorgar mayor confort y lujos a funcionarios del Legislativo, mientras la ciudadanía sufre penurias.

El Congreso Nacional anunció un proyecto de refacción y ampliación de su edificio, con un presupuesto de G. 3.637 millones. La iniciativa, liderada por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, incluye la construcción de nuevas oficinas y la remodelación del hall de acceso principal. Sin embargo, el anuncio ha desatado críticas en un contexto de cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de recursos públicos y los recurrentes escándalos que rodean al cuerpo legislativo.

Núñez justificó la obra alegando que el edificio, con más de 20 años de antigüedad, presenta problemas de infraestructura y hacinamiento. Según el legislador, las nuevas oficinas y adecuaciones permitirán un mejor funcionamiento de las comisiones y servicios al ciudadano. “Este proyecto permitirá un mejor servicio al ciudadano y a las comisiones legislativas que trabajan diariamente”, afirmó.

Una millonaria inversión bajo la lupa

Aunque las obras prometen modernizar las instalaciones, el costo total del proyecto ha sido duramente cuestionado. Diversos sectores sociales critican lo que consideran un “carnaval de gastos” en medio de un escenario político marcado por denuncias de corrupción, la contratación masiva de “nepobabies” (familiares y allegados de políticos) y la proliferación de funcionarios “planilleros” que cobran sin cumplir funciones reales.

Organizaciones civiles han expresado preocupación ante lo que perciben como un uso desproporcionado de recursos para un proyecto de infraestructura legislativa. “En lugar de destinar este dinero a áreas críticas como salud y educación, priorizan su propia comodidad”, cuestionaron desde una organización ciudadana. También se han solicitado mayores controles sobre los procesos de licitación y ejecución, ante la falta de confianza en los manejos administrativos del Congreso.

Lujo para los legisladores, precariedad para los ciudadanos

Entre las modificaciones previstas, destacan la ampliación del cuarto piso con dos niveles adicionales para oficinas y la modernización del hall principal, con áreas destinadas a atención al público y seguridad. Si bien estas mejoras buscan aliviar el hacinamiento, los críticos consideran que las prioridades legislativas están desalineadas con las necesidades de la población.

“La inversión busca fortalecer la eficiencia institucional”, defendió Núñez. Sin embargo, para muchos, este argumento suena vacío frente a los problemas sociales urgentes que enfrenta el país. Mientras el Congreso destina millones a su propia renovación, hospitales carecen de insumos básicos y escuelas públicas se derrumban por falta de mantenimiento.

Anuncian nueva refacción del Congreso Nacional que costará G. 3.600 millones

Credibilidad en crisis

El anuncio de la obra se suma a una larga lista de controversias que han empañado la imagen del Congreso, especialmente en el oficialismo colorado. Los constantes escándalos por nombramientos irregulares y sueldos inflados han alimentado la percepción de que el Legislativo opera en beneficio propio, alejándose de las demandas ciudadanas.

Por su parte, Núñez aseguró que el proyecto cuenta con planificación previa y prometió mantener a la ciudadanía informada sobre los avances. Sin embargo, el desafío de recuperar la confianza pública será monumental, en un momento en el que la administración de los recursos públicos está bajo constante escrutinio.

El debate continúa

La millonaria inversión vuelve a poner sobre la mesa el dilema sobre las prioridades del gasto público en Paraguay. ¿Es este el momento adecuado para destinar recursos al confort legislativo mientras persisten graves deficiencias en servicios esenciales? La ciudadanía, por su parte, exige no solo transparencia, sino también una redefinición de las prioridades estatales, donde los recursos se orienten al bienestar colectivo antes que al lujo institucional.