Diputados trata hoy ley que reduce la prisión preventiva

El cartismo busca avanzar con el controvertido proyecto de ley que pretende reducir a un máximo de dos años la prisión preventiva, una medida que podría beneficiar a personas acusadas de corrupción. La propuesta, planteada por el diputado Derlis Rodríguez (ANR), está incluida como el sexto punto en el orden del día de la Cámara de Diputados.

Detalles del proyecto de ley

La iniciativa busca modificar los artículos 236 y 238 del Código Procesal Penal (Ley N.º 1286/98). El artículo 236 actualmente establece que la prisión preventiva debe ser proporcional a la pena que se espera con una eventual condena. Sin embargo, la propuesta de Rodríguez agrega una disposición que limita esta medida a dos años, independientemente de la pena mínima establecida para el delito.

El texto señala que, cumplido ese plazo, el procesado deberá ser beneficiado con medidas alternativas como el arresto domiciliario, bajo control de dispositivos electrónicos conforme a la Ley N.º 5863/17.

En cuanto al artículo 238, que regula las limitaciones de la prisión preventiva, la modificación prohíbe extender la detención más allá de dos años en cualquier caso, incluso para acusados que enfrenten condenas mayores.

Críticas y cuestionamientos

Desde su presentación en diciembre de 2023, el proyecto ha generado fuertes críticas. Magistrados, abogados y sectores de la oposición consideran que la propuesta podría ser utilizada para proteger a personas vinculadas a casos de corrupción y otros delitos graves. Además, advierten que la medida socavaría la proporcionalidad de las sanciones penales, un principio fundamental del sistema jurídico paraguayo.

Los opositores también señalan que el proyecto favorece la impunidad, especialmente en casos complejos donde las investigaciones suelen extenderse por periodos prolongados debido a la naturaleza de los delitos y la cantidad de implicados.

Postura oficialista

El cartismo, principal promotor de la iniciativa, argumenta que el proyecto busca garantizar los derechos humanos de los procesados y evitar el uso excesivo de la prisión preventiva, una medida que, según denuncian, se ha convertido en una pena anticipada para muchos detenidos sin sentencia firme.

El diputado Derlis Rodríguez defendió la propuesta señalando que “nadie debe permanecer detenido indefinidamente sin una condena”. Sin embargo, sus declaraciones han sido recibidas con escepticismo debido a los antecedentes de legisladores aliados al cartismo que enfrentan denuncias por hechos de corrupción.

Impacto y debate

Si bien el proyecto podría beneficiar a personas que enfrentan procesos prolongados sin sentencia, la medida plantea riesgos significativos para la justicia paraguaya. El debate pone en evidencia las tensiones entre garantizar derechos procesales y evitar que las leyes sean usadas como herramientas para la impunidad.

La discusión del proyecto en la Cámara de Diputados será clave para determinar si avanza esta iniciativa que podría tener profundas implicancias en la lucha contra la corrupción y el funcionamiento del sistema judicial en Paraguay.