Analizarán veto al proyecto de ley del agente penitenciario

El próximo martes 26 de noviembre, la Cámara de Diputados debatirá el veto total emitido por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley que busca regular y profesionalizar la labor del agente penitenciario en Paraguay. La discusión figura como el punto 17 del orden del día de la sesión ordinaria.

La propuesta, sancionada por el Congreso en agosto pasado, pretende establecer una estructura orgánica que regule los derechos, deberes, prohibiciones y garantías para los agentes penitenciarios, además de abordar aspectos como la formación profesional, el sistema de retiro, los salarios y los beneficios laborales. Sin embargo, el Ejecutivo argumenta que la normativa, pese a su intención, no se ajusta a las normativas legales y administrativas vigentes.

Comisiones respaldan el rechazo

Varias comisiones de la Cámara Baja, como las de Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Salud Pública y Legislación y Codificación, recomendaron aceptar el veto presidencial. Según los informes, el proyecto carece de viabilidad financiera y técnica, según las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El dictamen ministerial advierte sobre los riesgos que implica la implementación de la ley, no solo para la efectividad de las reformas propuestas, sino también para la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. En este sentido, se señala que el proyecto no fue debidamente canalizado a través del Ministerio, lo que impide contar con informes técnicos que respalden su sustentabilidad económica.

Motivaciones del veto

En su objeción, el Ejecutivo destacó que la iniciativa compromete la racionalización de los gastos del Estado y adolece de criterios claros para justificar la asignación de nuevos recursos. Particularmente, se cuestiona la ausencia de un análisis sobre el impacto presupuestario y la sostenibilidad de los ingresos necesarios para financiar las disposiciones contempladas en la normativa.

“La iniciativa presenta riesgos en cuanto a su viabilidad práctica y financiera, comprometiéndose así no solo la efectividad de las soluciones, sino también la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo”, afirma el veto presidencial.

Con este panorama, el debate en Diputados será crucial para definir el futuro de esta propuesta. Si la Cámara decide rechazar el veto, el proyecto será promulgado automáticamente. De lo contrario, quedará sin efecto, y los agentes penitenciarios deberán esperar nuevas iniciativas legislativas que aborden sus demandas.