La “Comisión Antilavado” que no investiga el crimen

La “Comisión Antilavado” del Congreso, encabezada por colorados y aliados, sacudió el escenario político debido a extralimitaciones en sus funciones y las dudas sobre la real finalidad de sus investigaciones e intervenciones. La filtración de documentos privados sobre trabajos de periodistas y abogados, coincidentemente opositores a la línea oficialista, despertaron las alarmas.

Al respecto, el senador opositor Rafael Filizzola expuso que con razón la Comisión Bicameral de Investigaciones se está ganando el mote de “comisión garrote” y claramente, se extralimita al exigir documentaciones a un estudio jurídico que tiene el deber de confidencialidad con sus clientes. Miembros del estudio jurídico respondieron con fuerte crítica y sentaron postura ante el pedido de informes de la comisión “garrote” del Congreso.

Los legisladores se basan en que los investigados fueron beneficiarios de una “donación” de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Ante los errores y lo que califican como una inquisición, los profesionales del derecho piden que los integrantes de esta comisión renuncien a sus bancas y no descartan denunciarlos judicialmente.

“No se puede de ninguna forma pedir información que está bajo reserva de secreto profesional“, alegó el legislador, que también es abogado, en entrevista con El Nacional. Además, manifestó que la CBI no deja en claro lo que pretende investigar y que lo peor de todo, como para generar dudas, es que las sesiones se hacen en secreto.

Para Filizzola, claramente se están filtrando informaciones contra personas que no les caen bien, porque les criticaron en algún momento y que trabajaron para alguna ONG. En el caso del dinero de USAID como cooperación, no es dinero del Estado, por tanto, no tienen por qué pedir que se rindan cuentas.

Reunión con opositores

Filizzola también se refirió a la reunión que mantuvieron los legisladores de la oposición con el presidente de la República, Santiago Peña, con la que se busca establecer un diálogo más fluido y constructivo entre el gobierno y la oposición. Destacó que han tenido dos encuentros: uno con la bancada Democrática y otro con la Mesa Directiva, donde abordaron temas institucionales críticos.

Filizzola enfatizó en la importancia del respeto a la minoría en el Congreso, señalando que no se trata solo de ser escuchados o de tomarse fotografías, sino de que sean atendidas sus propuestas razonables y beneficiosas para la ciudadanía. “Queremos reciprocidad”, afirmó.

Expresó su preocupación por el mal funcionamiento del Congreso y por las frecuentes ausencias que impiden alcanzar el cuórum necesario para llevar a cabo las sesiones. Indicó que este tipo de problemas resalta la urgencia de fortalecer los mecanismos democráticos para garantizar un espacio donde todas las voces sean escuchadas.

Se desvían del objetivo real

Por su parte, una de las afectadas por el conflicto, la abogada María Esther Roa, comentó que los ciudadanos se sienten vulnerables ante la desprotección de quienes ocupan un espacio de poder. “Esta ‘comisión garrote’, para mí, está relacionada con el crimen organizado”, dijo.

Sostuvo que la comisión, supuestamente creada para investigar el lavado de activos por el crimen organizado, ataca a organizaciones de la sociedad civil que no tienen nada que ver con el lavado de dinero.

“¿Quiénes son esos tipos que se colocaron ahí en la comisión garrote? Dionisio Amarilla debería estar preso, en la cárcel. En 2018 lo denunciamos por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos de las universidades nacionales, y nunca fue investigado por el Ministerio Público”, cuestionó.

“Gracias a esa corrupción fiscal, hoy lo tenemos como miembro y cabeza principal de esta comisión garrote. ¿Qué va a investigar esta comisión, cuando ellos son los sospechosos de lavar dinero en Paraguay? Así de mal estamos”, continuó.

Manifestó que se está atacando a organizaciones serias que llevan décadas en el país, y que la ciudadanía no está descodificando lo que se está viniendo. “Se viene un plan, y el plan es el autoritarismo. Para eso, tienen que desmantelar a las organizaciones sociales, a las ONG, a los activistas, a los periodistas y a los medios de prensa. Eso está en ejecución”, concluyó.