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Libre asociación en riesgo, advierte ONU
Naciones Unidas (ONU) volvió a pronunciarse sobre el proyecto del oficialismo que busca mayores controles para las organizaciones sin fines de lucro y exhortó al presidente Santiago Peña una revisión. Alegan que el plan podría generar una carga demasiada pesada para pequeñas ONG y ser perjudicial para el derecho de libre asociación. La propuesta tiene media sanción del Senado y sería tratada la próxima semana en Diputados.
El oficialismo pretende convertir en ley el proyecto que establece el control y rendición de cuentas de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG).
Los colorados sostienen que las ONG tienen que transparentar el origen y uso de sus recursos que, en algunos casos, son de origen público.
Desde la oposición y la sociedad civil en general rechazan rotundamente la normativa, denunciando que atenta contra la libertad de asociación y acceso a financiamiento, además de contraponerse con la Constitución Nacional
¿Qué dice la carta de la ONU?
Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se volvieron a expresar sobre la situación que se está viviendo en el país con respecto a la ley de Control a ONG.
Las relatoras de Derechos Humanos de las Naciones Unidas enviaron una carta al presidente de la República, Santiago Peña, instándolo a “reexaminar” el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
El documento hecho por Gina Romero, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, refiere que:
Tras realizar un análisis del artículo cuarto, donde se habla de un registro obligatorio de las organizaciones sin fines de lucro, dependiente del Ministerio de Justicia; y del artículo quinto, que establece un libro de registro del financiamiento nacional, extranjero, público o privado, advierten que, esto podría “generar una carga demasiado pesada para organizaciones de base, y podría ser perjudicial para asociaciones esporádicas o informales”.
“Este exceso de requerimientos de registros podría desincentivar la creación de nuevas asociaciones”, resaltan.
Asimismo, mencionan que, en el artículo 9 que prohíbe la posibilidad de crear cualquier tipo de relación contractual entre las organizaciones que no estén inscritas en el registro nacional y organismos y entidades del Estado, municipalidades, entidades binacionales u otras entidades o empresas públicas, se podría constituir una injerencia indebida en entidades y organizaciones del sector público, privado y mixto, nacionales e internacionales que, en virtud de su derecho a la libertad de asociación, deben conservar la autonomía para decidir sobre el uso de sus fondos propios.
La organización internacional plantea al mandatario que promueva una “discusión pública, plural y multisectorial” para tratar este caso, convocando a actores de la sociedad civil directamente afectados por el proyecto.
Diputados promete amplio debate
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR), recibió a representantes de diversas ONG que solicitaron sean tenidos en cuenta algunos aspectos que hacen al proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, que será tratado, próximamente, en la Cámara de Diputados.
Al respecto, el diputado Latorre reafirmó su compromiso con el diálogo abierto y la búsqueda de consensos. Destacó que, desde la llegada del proyecto a la Cámara de Diputados, se ha evitado apresurar su tratamiento, contrario a las expectativas iniciales de un debate inmediato.
“Plantearon la posibilidad de que pueda haber un mes, como mínimo, para el debate de este proyecto; pasaron dos semanas; creo que es más que válido ese planteamiento”, expresó, indicando que trasladará esta propuesta a la Mesa Directiva.
Enfatizó su posición a favor de la transparencia, recordando el desempeño de la institución en el cumplimiento de las normas de transparencia y los requisitos del Mecip, impulsada por la Contraloría General de la República.
Ante el planteamiento de la prensa de que las audiencias públicas solo sirvan para legitimar decisiones ya tomadas, el presidente Latorre aseguró que se busca generar consensos, pero recordó que, en ausencia de estos, se procederá a una votación, respetando la conformación del Congreso elegida por el pueblo paraguayo
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