Tanto pontifican sobre transparencia, pero luego la sepultan, lamenta abogado

La Cámara de Senadores, en una nueva penosa maniobra, cercenó la posibilidad de mejorar la calidad del Acceso a la Información Pública, limitando así la posibilidad de control de las actividades y funciones de las autoridades. Los legisladores terminaron de aceptar un veto del propio presidente Santiago Peña a esta normativa. El abogado Ezequiel Santagada, referente de la lucha por el acceso a datos públicos, lamentó que el oficialismo tanto pontifique por la transparencia, pero que, en la práctica, menoscaben el derecho ciudadano. Lo calificó como un plan autoritario.

En entrevista con El Nacional, el abogado Ezequiel Santagada, miembro del Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI), lamentó que los senadores, principalmente oficialistas, hayan aceptado el veto parcial del Poder Ejecutivo a la ley N.º 7257, una ampliación de Ley N.º 5282/2014 “De libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental”.

Al respecto, el profesional en leyes criticó que justamente los actores políticos que más pontifican sobre la necesidad de impulsar la transparencia en el Estado, son los que sepultaron una importante mejoría al marco legal vigente. Consideró el hecho fue en “grave detrimento” al derecho de los paraguayos a conocer a fondo cómo se utilizan los bienes públicos.

“Acaban de enterrar la ley que pretendía un enorme avance en materia de información pública. Votaron con suficiente mayoría para aceptar el veto parcial y un minuto después se desentendieron para promulgar la parte no objetada. Este es un proyecto autoritario”, describió.

¿Qué permitía la ampliación de la ley?

Esta norma obligaba al Estado a mantener la información pública actualizada y a disposición del público de forma constante en formato de datos abiertos y procesables.

Además, de haberse promulgado, los ciudadanos habrían accedido a los nombres de los beneficiarios de tierras públicas, rurales o urbanas, transacciones diarias del billetaje electrónico, actualizadas por semana, detalle de los subsidios pagados a transportistas, contratos de obras públicas y detalle de pagos y reuniones del Consejo de Ministros.

Senado debe pronunciarse sobre parte no objetada

Santagada remarcó que, teniendo en cuenta que la ley en cuestión fue vetada parcialmente, los senadores deben de todas maneras pronunciarse sobre la parte no objetada del texto. Aclaró que el presidente Santiago Peña, en el documento con el que devolvió la ley al Congreso, aclaró que está de acuerdo con una parte del proyecto y que la misma no tiene inconsistencias.

Sin embargo, a pesar de esta situación, los parlamentarios se desentendieron de lo expresado por el mandatario y terminaron de matar el proyecto completo. “Hicieron el trabajo sucio por el presidente”, aseveró el abogado.

El documento ahora fue trasladado a la Cámara de Diputados donde, a criterio del experto, correrá la misma suerte debido a la arrolladora mayoría colorada. En ese sentido, consideró que el nuevo presidente del Poder Legislativo, el senador colorado Basilio “Bachi” Núñez, debe velar por el cumplimiento de la obligación de sus pares, a modo de que se dicten respecto a la parte no objetada del proyecto.

Sobre este pedido, en redes sociales, se pudo detectar que el congresista respondió: “Iniciamos un nuevo periodo legislativo el 1 de julio, a disposición para analizar propuestas que mejoren la transparencia, incluyendo las ONG, y darle el formato de ley si corresponde”.

Santagada manifestó, sobre el punto, que van a solicitar audiencia a partir del 2 de julio. “Es vital para nuestro sistema democrático y para la prosperidad del Paraguay que haya más transparencia en el Estado y menos conflictos de intereses y/o prácticas cuestionables en las organizaciones sin fines de lucro; no puede haber agendas ocultas”, afirmó.

Falta de transparencia impide grado de inversión

En la última parte de la entrevista, Santagada recordó que este tipo de acciones por parte del gobierno y su poder político en el Legislativo, es que Paraguay no logra alcanzar el anhelado grado de inversión.

El grado de inversión es una clasificación otorgada a un país sobre una evaluación concedida por las agencias calificadoras de riesgo crediticio, que resulta el principal indicador para que grandes empresas multinacionales estén dispuestas a instalarse en nuestro mercado.

“No mejorar la calidad del acceso a la información y promover normas que limiten las posibilidades de control por parte de ciudadanos organizados fuera de los partidos políticos son cosas que van a dificultar las posibilidades de alcanzar el grado de inversión. Vean los criterios de Moodys (Agencia calificadora)”, declaró.

Además, recordó que la última vez que Paraguay mejoró su ubicación en el Índice de Percepción de la Corrupción, de la prestigiosa organización Transparencia Internacional, fue cuando se promulgó la Ley de acceso a la información, en el 2014.