Buscan proteger del lavado y financiamiento del terrorismo a organizaciones políticas

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) viene trabajando, junto con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en un proceso de implementación de un enfoque basado en riesgos (EBR) para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en las organizaciones políticas.

Para entender sobre eso, El Nacional habló con Ariel Almada, director de la Unidad de Fiscalización de Financiamiento Político del TSJE, quien explicó que este trabajo cumple con la actual Ley 1015/97 que tiene que ver con la prevención y la Ley 6501/20 que establece que los partidos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones se constituyen en sujetos obligados a la Ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La Seprelad, siendo la entidad regulatoria, sacó una resolución que es la que aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con enfoque de riesgos en agosto del 2022; por lo tanto, este trabajo que realiza el TSJE es la aplicación de alguna manera obligatoria de este reglamento para todas las organizaciones políticas que tengan entre sus fines las elecciones internas partidarias para las nacionales, municipales, departamentales y también para la elección de sus autoridades partidarias, así como el de sus convencionales constituyentes, entre otros.

A lo que el director de Fiscalización del Financiamiento Político indicó que en líneas generales básicamente establece que el máximo órgano electoral sea el supervisor natural de estos sujetos obligados que son las organizaciones políticas, además, asegura que tiene que ver con una visión central en cuanto a la implementación de los estándares internacionales para lavado de activos y financiamiento del terrorismo y también en la proliferación de armas de destrucción masiva que son adoptados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que, de alguna manera, da las recomendaciones en cuanto a la prevención de lavado de activos.

¿En qué consiste el proceso de implementación de un enfoque basado en riesgos (EBR) para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en las organizaciones políticas?

En el enfoque basado en riesgos, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, junto a los sujetos obligados, que son las organizaciones políticas, deben a través de este enfoque identificar, evaluar y entender de alguna manera los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo dentro de sus agrupaciones y, en ese sentido, implementar las medidas apropiadas tanto para prevenir como para mitigar esos riesgos, básicamente ese es el marco teórico de esta implementación.

También para de alguna manera proteger a las organizaciones políticas del abuso de la comisión de los hechos que puedan conllevar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Estas medidas establecidas también dentro de nuestras resoluciones están relacionadas la identificación y registro de las personas físicas y jurídicas, vinculadas tanto en el registro de sus ingresos y egresos de dinero  y la verificación del origen y el destino de los mismos, básicamente es eso el objeto de nuestro reglamento.

En este sentido, nosotros hacemos nuestro trabajo aplicando estas resoluciones y en las elecciones pasadas hicimos identificando sus rendiciones de cuentas y gastos de campaña.

¿Cuál sería el plan de acción?

Una vez terminadas las elecciones, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) suscribe un acuerdo de asistencia técnica con la USAID para el fortalecimiento de la Unidad Especializada de Financiamiento Político en el cual venimos llevando bastantes actividades a partir de eso.

Dentro de esas actividades tuvimos conferencias magistrales de docentes que vienen del extranjero a darnos cursos tanto a los funcionarios como a los oficiales de cumplimiento, que son de las agrupaciones políticas que finalmente se encargan de aplicar estas reglas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Empezamos ya a trabajar en esto, en febrero o marzo con los oficiales, cumplimientos de las organizaciones políticas y básicamente, como que es muy nueva la reglamentación y de alguna manera se fue juntando muy corto el periodo de tiempo entre que salió la ley, las elecciones municipales y finalmente la reglamentación de la Seprelad, esa implementación profunda de las organizaciones políticas como que está todavía en proceso y en ese sentido estamos trabajando con la cooperación internacional a través de USAID y con una consultora llamada Consultor para de alguna manera mejorar en el plan de fortalecimiento de la unidad de fiscalización.

En medio de ese plan de fortalecimiento, tenemos la visita o el trabajo que estamos haciendo en conjunto, tanto con la Seprelad -que finalmente es nuestro ente regulador- como con unos consultores internacionales, personas de reconocida trayectoria en cuanto a lavado de activos y financiamiento del terrorismo que estuvieron en varias organizaciones internacionales cumpliendo funciones más específicamente en el grupo de acción financiera Gafi.

En octubre tuvimos la presentación de nuestro plan de trabajo donde planteamos trabajar sobre un estudio sectorial de riesgo que le va a servir a las organizaciones políticas para empezar a trabajar en las medidas de prevención.

Nuestro primer producto va a ser el estudio sectorial de riesgos que viene ligado a una matriz de riesgos, es una herramienta que les va a servir a las agrupaciones políticas para poder medir un poco el nivel de riesgo que tienen en sus organizaciones, posteriormente tenemos planeado para diciembre presentar digamos un manual de prevención de lavado de activo y financiamiento del terrorismo que las organizaciones políticas puedan tener como base para los manuales que ellos están obligados a confeccionar de acuerdo a lo que establezca su propio estatuto y el manejo institucional y el tercero tiene que ver digamos con una suerte de guía de auto evaluación que también tienen que hacer las organizaciones políticas.

Paraguay es el único país de la región que tiene como sujeto obligado a las organizaciones políticas; entonces, de alguna manera, estamos a la vanguardia en la región en cuanto a este tema.

¿Las agrupaciones políticas tendrán alguna sanción si no llegan a cumplir con esta implementación de enfoque de riesgos en la prevención de lavado de activo y financiamiento del terrorismo?

Sí, por supuesto, van a tener sanciones, pero esta implementación va a ser gradual por el tiempo que tiene la ley también. Existen sanciones desde apercibimientos, sanciones pecuniarias, pero esto se va a ir implementando de manera gradual. En las internas son las organizaciones políticas las que organizan las elecciones, por lo tanto, al incumplimiento de situaciones va a ser finalmente el órgano de conducta de las agrupaciones políticas quien va a sancionar a los movimientos internos y también a los candidatos que incumplan, posteriormente en las generales está previsto ya y vuelvo a hablar de la cuestión gradual para implementar estas normativas se prevé de alguna manera de los subsidios en caso de que en estos momentos no hayan presentado digamos o no hayan nominado a su oficial de cumplimiento, entonces básicamente son esas sanciones las que se aplican.

¿Está siendo imposible eliminar este vínculo (lavado de activos y financiamiento del terrorismo) con las organizaciones políticas?

Nosotros no tenemos esa certeza, nosotros somos un órgano de supervisión, entonces lo que a nosotros nos corresponde es exigirles a ellos (agrupaciones políticas) que puedan cumplir con las normas de prevención de lavado de activo y financiamiento del terrorismo. Las investigaciones en sí de estos tienen que ver con cuestiones establecidas en el código penal como hecho punible como tal, entonces nosotros no hacemos finalmente una investigación penal de estos hechos, sino que hacemos es dar herramientas o supervisar para que las organizaciones puedan finalmente combatir ese flagelo.

¿Dónde están focalizando el trabajo de lavado de activos?

Finalmente, estamos focalizando en el fortalecimiento de las organizaciones y no solo de lavado de activos propiamente dicho sino también en el financiamiento del terrorismo para el fortalecimiento de las organizaciones políticas, de manera que tengan herramientas para hacer el lavado de prevención, encontrar los riesgos y de alguna manera mitigar esos riesgos.

¿Tienen en la mira algunas instituciones en particular ¿cuáles son? y ¿por qué?

Nosotros somos supervisores naturales de los sujetos obligados (organizaciones políticas), por lo que de alguna manera supervisamos el trabajo en cuanto a prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que hacen las organizaciones políticas.

También hay que tener en cuenta que muchas de estas cuestiones son de índole confidencial desde el punto de vista del trabajo que se realiza con la Seprelad, pero, y repito, nosotros nos enfocamos en las agrupaciones políticas.

Para profundizar sobre el financiamiento del terrorismo, ¿cómo se sabe sobre esto?, ¿cómo está combatiendo?

Es una cuestión que nosotros no profundizamos eso desde el punto de vista de que supervisamos el trabajo que se tiene que hacer con las herramientas que tenemos, nosotros no investigamos financiamiento del terrorismo, eso compete a otras instituciones, lo que hacemos de alguna manera es brindar las herramientas para la prevención y la mitigación finalmente.

En caso de encontrar en algún momento algunas cuestiones de incumplimiento, tenemos dentro de nuestro plan también la cuestión de las auditorías in situ, revisar eso y en cuanto a encontrar una cuestión irregular tenemos también la posibilidad de solicitarle documentos y en un eventual caso sancionarle a las agrupaciones políticas en cuanto al incumplimiento, pero todavía no estamos en esa etapa, la ley es bastante nueva, recién se están poniendo al día las organizaciones políticas en este tema pero sí es un esfuerzo que estamos haciendo bastante en conjunto también con la gente de la Seprelad y la a cooperación internacional, acerca de colaborar para que esto se pueda implementar.

¿Tienen cooperación con otras instituciones del Estado?

De momento, estamos trabajando con la Seprelad, pero a partir de este año ingresamos al Consejo de Supervisores del sistema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del Paraguay, o sea como Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) estamos dentro de ese consejo y estamos de alguna manera trabajando con los supervisores llámese Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, también Conacsar, Incoop, en cuanto a acuerdos interinstitucionales para intercambiar información como brindar también asistencia: ellos a nosotros y nosotros a ellos. Es bastante interesante, y se está llevando adelante periódicamente las reuniones de ese consejo.

Sobre estos dos puntos: lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿tienen ayuda internacional o están previendo eso? Y ¿con quiénes?

Es básicamente con USAID, ellos nos están dando una asistencia técnica en el trabajo que estamos haciendo a través de una consultora.