Titular de Seprelad: “Hay más inversiones para luchar contra el lavado de dinero”

El exministro, secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional Anticorrupción, René Fernández, asumió hace unos días como nuevo titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en el marco de la rotación dispuesta desde el Poder Ejecutivo.

Fernández considera este cargo un paso muy desafiante y cree que se ganó la experiencia requerida para poder llevar adelante este rol de combatir el lavado de dinero en nuestro país. Reconoce a la corrupción como uno de los principales males que aquejan al Paraguay y relata los desafíos pendientes que los toma con mucha responsabilidad.

“Creo que tengo ese perfil requerido para poder llevar adelante este rol. Es un paso muy desafiante, en primer lugar, por la confianza depositada por el presidente de la República en mi persona, para seguir llevando adelante las gestiones de esta secretaría que es tan importante dentro del Estado paraguayo. Hay más inversiones para luchar contra el lavado de dinero”, dijo en conversación con El Nacional.

“Desde ese punto de vista es una gran satisfacción, pero es un gran compromiso que asumimos con toda responsabilidad y con la convicción necesaria basada también en la trayectoria que tengo en el sector público tanto desde la Fiscalía especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, después la Secretaría Nacional Anticorrupción, igualmente como evaluador experto designado por Paraguay ante Gafilat de forma anterior también y habiendo participado de la evaluación nacional de Chile ante el Paraguay”, precisó.

“Seprelad tiene el rol de la coordinación nacional del Sistema Antilavado de Dinero y contra el financiamiento del terrorismo. Si bien de esa manera se viene desarrollando desde hace mucho el sistema, es como que nos sensibilizamos más y está más a flor de piel la conciencia de la importancia del trabajo coordinado para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, a partir de este proceso de evaluación mutua (de Gafilat) que culminó digamos al menos en la primera etapa en este mes”, expresó.

Fernández expresó que uno de sus desafíos es cumplir con lo señalado por Gafilat que marca el norte de lo que se tiene que realizar. Todo esto de cara a la quinta plenaria del Gafilat. “Realmente, es una feliz coincidencia que todos los hallazgos que se han señalado en el informe de evaluación mutua elaborado por el equipo evaluador, que tiene que ver con mejoras a ser introducidas tanto en el componente de la efectividad, también algunos elementos en el componente del cumplimiento técnico, coinciden también con los objetivos y el rol propiamente de la Seprelad”, dijo y agregó: “llevando adelante la misión y el objetivo de la Seprelad estamos cumpliendo con las recomendaciones del informe de evaluación mutua, que cabe señalar que es una evaluación bastante exhaustiva, implica un examen a profundidad de todo el sistema y un examen muy especializado, que nos ha entregado una herramienta que es valiosísima porque nos fija un norte, nos da una fotografía del estado actual”, añadió.

“Tenemos que trabajar sobre esa herramienta, no solamente para poder cumplir con el compromiso que implica que el Paraguay se encuentre inmerso en el sistema, en el conjunto de países cooperantes en la lucha en contra del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, sino conscientes de que esa gestión también redunde en el bienestar de la ciudadanía a través de los efectos positivos, sobre todo en las relaciones económicas, porque también las relaciones sociales implican que una sociedad esté basada en componentes, en activos, en actividades financieras y económicas basadas en la licitud, en la vigencia del Estado de Derecho y de los valores de la sociedad civilizada”, añadió.

Indicadores principales

A su criterio, el informe de evaluación mutua de Gafilat tiene varios elementos, pero que hay dos indicadores principales. “Estos indicadores tienen que ver con la efectividad, es decir, los resultados de la aplicación de la norma y hay otro componente que es el cumplimiento técnico, que tiene que ver con la adecuación del sistema normativo, y el sistema institucional a las 40 recomendaciones delegadas”, sostuvo. “Entonces se valora, por un lado, el estado del ordenamiento jurídico institucional, en un rango muy amplio que va desde lo preventivo hasta lo investigativo y sancionatorio, y el otro componente es la efectividad. Y en la efectividad los indicadores están construidos a partir de grandes componentes o áreas de evaluación que son los resultados inmediatos”, expresó.

“Estos grandes grupos consisten en 11 resultados inmediatos. Es un sistema bastante complejo, hay un resultado esperado general, hay resultados intermedios, y estos resultados, general e intermedios, se aterrizan, se concretizan en estos resultados inmediatos. Para entender un poquitito cuál es la ubicación que hemos tenido nosotros en esa calificación, en general, podemos decir que la calificación se encuentra dentro del promedio regional, por encima inclusive de otros países de la región que recientemente han sido evaluados”, subrayó.

“Ojo, eso no representa una posición de privilegio, pero si implica una evidencia, una demostración de que el país se encuentra trabajando en el fortalecimiento y mejoramiento del sistema que fue justamente una de las consignas, uno de los objetivos principalmente que el Gobierno ha tenido en esta área de acción que es la prevención y el combate del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, el crimen organizado”, indicó.

“El compromiso es apuntar al fortalecimiento del sistema a partir de esta evaluación que señalan fortalezas, pero también vulnerabilidades. Nuestro trabajo es justamente el de entender y enfrentar un poco esas vulnerabilidades”, comentó. “Te comento que a partir del informe de evaluación mutua se dispara un proceso que se llama seguimiento intensificado que, de concluir el plazo de un año, se estaría presentando un informe de avances con el cumplimiento de las recomendaciones. Estamos trabajando ya justamente en un plan de acciones prioritarias con la finalidad de dar cumplimiento a esas recomendaciones del equipo evaluador”, precisó.

René Fernández. Foto: IP

Rol principal

Destacó que, para hablar del rol principal de la Seprelad, primero se tiene que hablar de un sistema que está compuesto por varios actores económicos y sociales, que van desde la coordinación nacional que la ejercen y después los supervisores, que son, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros, el Incoop. “El mismo Seprelad es un gran supervisor de varios sujetos obligados y después está el componente de los sujetos obligados. Y el sujeto obligado es la gente que sus operaciones comerciales tiene que poner en práctica políticas, los protocolos de prevención de la utilización del sistema para la legitimación de activos. Entonces digamos, ese es un gran sistema, hay un poquito de complejidad, pero yo lo estoy simplificando”, remarcó.

“El rol de la Seprelad es la de ser un gran coordinador del funcionamiento del sistema de prevención, y es ahí que corresponde o cabe el dictamiento de resoluciones de aplicación en los distintos ámbitos, con los distintos sujetos obligados, la coordinación con otros supervisores del sistema. Hay un aspecto que tiene que ver con el análisis financiero y estratégico de toda la información que llega a conocimiento de la Seprelad, se generan lo que le llaman los informes de inteligencia financiera que son remitidos, principalmente, al Ministerio Público, pero también pueden ser remitidos a otras entidades con determinados fines”, añadió.

Caso avión iraní

El titular de la Seprelad habló de algunos casos puntuales recientes, como el caso del avión iraní que, pese a que la aerolínea bajo la cual operaba y sus tripulantes supuestamente están vinculados con el terrorismo, en nuestro país se abrió una investigación sobre el caso recién una vez que el avión y su delegación partieron del aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, donde permanecieron en territorio paraguayo. Explicó que todas las informaciones fueron remitidas al Ministerio Público, a partir de las denuncias y otros elementos que fueron recogiendo.

“Allí hubo un aspecto que fue muy público, porque el caso tuvo un impacto, una influencia a nivel regional y global, en esa parte te puedo responder desde el rol que anteriormente cumplía que era secretario ejecutivo de la Secretaría Anticorrupción, que todas las informaciones fueron remitidas al Ministerio Público, a partir de las denuncias y otros elementos que fuimos recogiendo”, dijo.

“Está eso ya siendo investigado por los fiscales intervinientes del caso, lo que yo creo es que ahí es importante avanzar en cuanto a dilucidar y esclarecer todas las circunstancias de las operaciones que fueron realizadas. El relacionamiento comercial que fue entablado en ese caso en concreto, de los participantes”, dijo.

“Como sabemos el principal disparador de las sospechas fue en ese caso que una de las empresas, una aeronave que estuvo al servicio de asociaciones terroristas llevando adelante acciones concretas de terrorismo, fue transferida de forma irregular, teniendo en cuenta las leyes de aeronáutica civil que es los Estados Unidos para eludir el cumplimiento de dichas operaciones, terminó siendo operada por una empresa de bandera venezolana que también es objeto de sanciones en una de las listas internacionales, la de la oficina de control de activos en el extranjero del departamento de Estado de los Estados Unidos, que es la empresa Conviasa y bueno, a través de una empresa dependiente de la misma que es Emtrasur”, señaló.

“Todo ese hallazgo del que se tiene conocimiento fue a partir de un análisis muy exhaustivo que realizó la Secretaría Nacional de Inteligencia y que mereció la comunicación  a todos los países de la región y otros países aliados también para la debida atención y profundización de la naturaleza de las actividades que estaban cumpliendo esta aeronave, inclusive lo más reciente y concreto que se tiene respecto a ese caso es que la justicia norteamericana solicito el embargo con fines de secuestro de dicha aeronave”, informó.

Caso cooperativa San Cristóbal

Sobre el caso de Cooperativa San Cristóbal, donde se sospecha casos de lavado de dinero, Fernández expresó que siguen trabajando para esclarecer la cuestión. “De hecho en los casos más conocidos que son de la cooperativa Capiatá y San Cristóbal, ya la Seprelad ha colaborado en el proceso mismo de la verificación y fiscalización realizada por Incoop a estas mismas organizaciones y fruto de esa fiscalización se da un informe final que ha elaborado la Incoop y que ya ha puesto a conocimiento del Ministerio Público y también nuestro”, informó.

“El siguiente paso que vamos a hacer nosotros es profundizar en los hallazgos realizados por Incoop, de tal forma a verificar la posibilidad de darle un valor agregado a ese informe de fiscalización y poner a disposición del Ministerio Público ese valor agregado que se va a plasmar probablemente en un informe de inteligencia financiera ya apuntando a unas hipótesis punibles”, destacó.

Evaluador en Chile

Desde su experiencia también como evaluador del Gafilat -específicamente para el análisis de Chile-, Fernández sostuvo que su participación fue con miras, justamente, a colaborar en la evaluación de Paraguay. “Fue una experiencia muy importante. Hay que decir justamente que la evolución de Chile fue la anterior a la de Paraguay. Inició a mediados del 2019 y culminó en julio del 2021. Es muy enriquecedor estar del otro lado del mostrador como evaluador y ya también en el proceso nuestro en Paraguay hemos colaborado con la coordinación. En ese momento yo no estaba en Seprelad, pero si como representante de la Secretaría Anticorrupción, colaborando también con los trabajos para poder llegar a un resultado exitoso”, sostuvo.

Una carga social para la familia

“La decisión que tomé al cabo de 20 años de cumplir funciones como agente fiscal en una unidad especializada en el año 2019, para pasar a un rol más ejecutivo, más administrativo, en todo momento fue acompañado por mi familia. Además de cumplir funciones en esta área ejerzo la docencia en varias instituciones sobre todo de postgrado”, indicó.

“En todo sentido es una carga social, porque es un compromiso y en ese sentido también la familia tiene que estar soportando cierta presión social y de hecho que corresponde, es así el rol que asume cualquier persona que cumple un servicio público, el de estar evidentemente expuesto, bajo una lupa social mucho más exigente que para cualquier otro ciudadano común”m dijo.

“Esa lupa y esa censura de la ciudadanía muchas veces se extiende no solamente al funcionario sino también a sus familiares, entonces ese es el sacrificio que toda familia que está vinculada con personas que cumplen funciones públicas soporta un poquitito esa presión social. Yo por eso reconozco también que sería imposible llevar este rol adelante sin el apoyo de mi esposa y de mis hijos también”, finalizó