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Devuelven a Contraloría facultad de denunciar enriquecimiento ilícito de autoridades

Contraloría General de la República. Foto: Gentileza

Contraloría General de la República. Foto: Gentileza

La Cámara de Diputados aceptó ayer martes de manera unánime el veto parcial del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que pretendía despenalizar los “olvidos” u “omisiones dolosas” en las Declaraciones Juradas de Bienes (DDJJ) de los funcionarios públicos. Con este proceso legislativo se devuelve prácticamente la herramienta de la Contraloría General de la República (CGR) de denunciar inconsistencias, irregularidades y supuestos hechos de enriquecimiento ilícito al Ministerio Público.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, había objetado de manera parcial, específicamente, el artículo 14 de la propuesta legislativa, el cual despenalizaba las omisiones de autoridades en sus declaraciones juradas y permitía que las puedan rectificar en cualquier momento. Al respecto, en sesión extraordinaria para tratar únicamente este asunto, la Cámara Baja aceptó el veto con 67 votos de varios sectores, incluso de Honor Colorado y sus aliados, quienes fueron en principio los precursores de este intento de impunidad.

Los diputados sancionaron la parte no objetada permitiendo que las personas jurídicas y los proveedores del Estado no estén obligados a presentar su declaración jurada de bienes y rentas.

“Se corrige un error”, señalan

La diputada por el Partido Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejo, aseveró que con la sanción de la norma se corregirá un error que derivó en varias acciones de inconstitucionalidad que fueron presentados por los afectados y lograron tener un curso favorable.

A su vez, la diputada por el Partido Encuentro Nacional (PEN) y precandidata presidencial, Kattya González, rememoró que varios diputados quisieron comprar “pastillas de amnesia” y permitir la despenalización de las “omisiones” dolosas en las declaraciones juradas de bienes y rentas. Indicó que las autoridades, los parlamentarios, los ministros y el Presidente de la República que tengan miedo de revelar el origen de su fortuna, no deberían meterse en la función pública.

Asimismo, el diputado liberal Édgar Acosta (PLRA) expresó que varios intendentes y gobernadores se enriquecieron de forma ilícita. “Qué ruin, qué feo que los funcionarios se aprovechen de su cargo y se enriquezcan. Ese enriquecimiento ilícito es fruto de la corrupción de escuelas construidas en condiciones deplorables y que falte terapia intensiva”, agregó.

Cartistas con amnesia

Desde el sector de la bancada del movimiento Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR) también contribuyeron para el archivo del intento de impunidad, y luego se jactaron de jugar siempre a favor de la transparencia. No obstante, olvidaron que fueron ellos los precursores del intento de desvirtuar la tarea de la Contraloría.

El diputado cartista Derlis Maidana, quien habló en nombre de Honor Colorado, dijo que desde el Gobierno de Horacio Cartes siempre han estado a favor de la transparencia, que gracias a ellos hoy se conocen los salarios de los funcionarios públicos.

Sin embargo, el parlamentario obvió que el logro se debió a la fuerte presión social que exigía conocer los salarios de miles de funcionarios planilleros ocultos en las nóminas.

“Nunca se le quitó esa facultad a la Contraloría en caso de hallar inconsistencias en las declaraciones juradas de los funcionarios para que pueda elevar los antecedentes y que se puedan formular imputaciones o acusaciones, sea quien sea el funcionario. Realmente hoy el pueblo nos demanda transparencia, honestidad al servicio publico. La bancada ha apoyado siempre este tipo de medidas”, dijo pese a las modificaciones que fueron impulsadas desde el propio sector cartista.

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